Caso Emma, sin pruebas contundentes

Óscar Rodríguez
Foto: Raúl Angulo Hernández
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 9 de agosto, 2017

Han pasado casi cinco meses del asesinato de la activista Emma Gabriela Molina Canto y pesar de contar con todos los elementos, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha logrado una prueba contundente en contra de Martín Medina Sonda, señalado como el autor intelectual del crimen ocurrido el 27 de marzo pasado, en el fraccionamiento San Luis de la capital yucateca, señaló la activista Adelaida Salas Salazar.

La representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) señaló que ante los nulos resultados por parte de los fiscales, el equipo de abogados que asesora a Ligia Canto Lugo, madre de la víctima, busca obtener más pruebas contra el autor intelectual del crimen: “Falta mucho por investigar, hay muchas cosas que la Fiscalía no realizó ni tomó en cuenta”. Además reveló que al equipo de abogados de la señora Ligia, aparte de Efraín Carlos, se sumó otra abogada que tiene perspectiva de género.

Ante las omisiones de la FGE, el equipo legal que apoya a Canto Lugo solicitó una prórroga de dos meses para que se lleve a cabo la audiencia lpactada para el 2 de octubre próximo.

[b]Temor de que se pueda torcer la justicia[/b]

En el caso de los dos jóvenes tabasqueños que fueron arrestados minutos antes de asesinar a Emma Gabriela, junto con el intermediario que pagó a los autores materiales, existen los elementos suficientes para que sean condenados a varios años de prisión, indicó.

Existe preocupación de que no se puedan encontrar los elementos para condenar a Medina Sonda y que de algún modo se pueda torcer la justicia, señaló.

Agregó que el nuevo Sistema de Justicia Penal es una evidente traba para el acceso a la justicia de las víctimas, toda vez que en los tres casos que se han procesado como feminicidios en el pasado reciente, no se ha logrado que los asesinos de mujeres sean condenados a la pena máxima de 50 años de prisión.

Finalmente, demandó que las autoridades estatales revisen el marco legal vigente porque se permite a los victimarios declararse culpables a cambio de penas menores, lo cual es una evidente violación a los derechos de las personas que son objeto de algún crimen.