Texto y foto: Óscar Rodríguez
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Martes 30 de mayo, 2017

En el proyecto de dictamen que se leerá y se prevé se apruebe en el Congreso local este martes se establece que los alcaldes se podrán reelegir hasta por un periodo consecutivo, mientras que los diputados locales podrán hacerlo hasta por cuatro periodos consecutivos; es decir, por 12 años.

Lo anterior se desprende de la armonización que del texto federal en materia electoral establece el dictamen ya aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación por la mayoría del Partido Revolucionario Institucional.

El dictamen no maneja un solo supuesto para los candidatos independientes cuanto a la reelección, pues en caso de ganar en los comicios del 2018 no podrían ser sujetos a la “elección consecutiva”, toda vez que una de las condicionantes es que sea propuesto por el mismo partido o coalición.

La reforma electoral sigue trabada, porque simplemente no fue incluida en el orden del día de la sesión del lunes. Verónica Camino Farjat argumentó que se postergó la discusión y votación para hoy martes, con el objetivo de que los diputados que estaban en contra analicen el documento aprobado por la mayoría priísta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.

Los diputados de Acción Nacional, Elías Lixa Abimerhi, Raúl Paz Alonzo y Beatriz Zavala Peniche, encendieron el debate al exigir que el documento aprobado en comisiones fuera el presentado en el pleno hoy, sin ninguna modificación, toda vez que únicamente puede sufrir cambios en la plenaria.

La jornada fue aderezada por una carta enviada por el Consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Jorge Valladares Sánchez, donde hace del conocimiento de los legisladores las irregularidades del dictamen que violentarían la autonomía del organismo ciudadano, además de poner en entredicho los principios de imparcialidad, independencia, máxima publicidad y profesionalización, rumbo a la elección local del 2018.

En contraparte, la presidente del Congreso, Celia Maria Rivas Rodríguez, aseguró que el dictamen avalado en la Comisión no tuvo errores y que se trató de una mala apreciación de los diputados panistas, al momento de analizar el texto.

Aseguró que el 99 por ciento de las observaciones que realizaron diputados de las seis fuerzas políticas, representadas en el Congreso, fueron incluidas en el proyecto de dictamen que será votado en punto de las 14 horas de este martes.

[b]Debate en el pleno[/b]

Cuando todo parecía indicar que el Partido Revolucionario Institucional utilizaría la vieja práctica del mayoriteo, en el orden del día no fue contemplada la reforma electoral.

Los panistas se pavoneaban en el salón de plenos, mientras los tricolores llegaron al recinto en grupo, 13 minutos después. La sesión transcurrió de manera normal hasta que Raúl Paz, en asuntos generales, tomó la palabra para increpar a los priístas por no incluir en el orden del día el dictamen aprobado por mayoría en comisión.

Instantes después, Camino Farjat le contestó a Paz Alonzo que no se había incluido para la sesión de este lunes, con la finalidad de que incluir propuestas en la plenaria de este martes.

Tal situación propició la intervención de Beatriz Zavala, quien le exigió a la presidente de la mesa directiva que el dictamen que se aprobó fuera el mismo a presentar en el Pleno, toda vez que no puede ser cambiada una sola coma del documento aprobado, pues cualquier modificación debe ser aprobada por los 24 diputados en sesión plenaria.

[b]Carta Urgente[/b]

El consejero del Iepac, Jorge Valladares Sánchez, envió una misiva a los 25 diputados del Congreso local donde les manifestaba su preocupación por las evidentes violaciones en las que podían incurrir.

“Esta situación, en los temas que tienen que ver con la estructura institucional, representaría una violación a la autonomía del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, con la cual se afectaría a la confianza de la ciudadanía yucateca en nuestras instituciones y se pondría en entredicho el cumplimiento de los principios de imparcialidad, independencia, máxima publicidad y profesionalización rumbo a la elección local 2018”, cita la misiva.

Valladares Sánchez expuso en el documento que, a diferencia de otros cambios requeridos constitucionalmente, no existe base ni necesidad jurídica para modificar sustancialmente la estructura y funcionalidad del instituto.

En el tercer punto del documento asegura que la ausencia de fundamentación válida da factibilidad a que varios cambios propuestos abran espacios de parcialidad, que resultarían evidentes sobre la ejecución del proceso electoral, así como acceso a coartar la independencia de las decisiones del organismo autónomo.


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