No tratar a Uber como si fueran narcos, pide Elías Lixa

Texto y foto: Óscar Rodríguez
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Jueves 25 de mayo, 2017

Paradójicamente, al cumplirse un año de las agresiones que un grupo de taxistas del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) realizara contra un chofer de la empresa Uber, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desecharon la acción de inconstitucional 63/2016 promovida por diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y la legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Jazmín Villanueva Moo, debido a que no se obtuvo la mayoría calificada en el Pleno.

Para el diputado Elías Lixa Abimerhi, del PAN, uno de los principales promotores de la acción legal ante la SCJN, a pesar de que los ministros desecharon el recurso, la ley no deja de ser la causa de una profunda división entre la sociedad yucateca.

“El llamado que hacemos a las autoridades es que no traten a quienes prestan el servicio fuera de la ley, como si fueran narcotraficantes”, expuso el legislador.

En tanto, la presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Celia María Rivas Rodríguez, consideró que la decisión de los ministros deja un precedente a nivel nacional. “La reforma a la Ley de Transporte en Yucatán se está tomando como referente a nivel nacional. En varios estados de la República ya han inclusive preguntado sobre la reforma y qué bueno que se promovió la acción de inconstitucionalidad, para que nos dieran claridad, y si hubiera dudas al respecto, la misma Corte nos está aclarando estas dudas”, indicó.

Por su parte, el dirigente del FUTV, Héctor Fernández Zapata, descartó realizar acción alguna en contra de choferes de Uber, pues dijo confiar en las autoridades estatales, a quienes emplazó a hacer valer la Ley de Transporte.

“Nosotros daremos los tiempos necesarios a que la autoridad haga su función, hay una ley, tengo entendido que los están deteniendo tiempo atrás; obviamente este proceso debe continuar, yo mencioné que incluso a nivel nacional la lucha de los taxistas es por lo mismo; sacar esta competencia de Uber, ilegal del país. Nosotros como concesionados respetamos la Ley”, apuntó.

[b]Fallo de la SCJN[/b]

Luego de tres días de deliberación, el Pleno de la SCJN desestimó ayer la acción de inconstitucionalidad promovida por legisladores yucatecos, debido a que no se logró la mayoría calificada de ocho ministros para avalar o invalidar el recurso 63/2016.

Los ministros se concentraron en temas como el cobro exclusivamente con tarjetas de crédito o débito, como planteó el gobierno de Yucatán en la Ley de Transporte.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea indicaron que no es facultad de los congresos locales determinar decisiones en temas de comercio, y que es discriminatorio que no se permita a los clientes de esas compañías pagar en efectivo. Su postura, indicaron, fue porque “pareciera que se quieren generar un servicio para privilegiados o de castas”.

Por su parte, el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, y el ministro ponente de este caso, Alberto Pérez Dayán, afirmaron que el cobro con los plásticos es para diferenciar este tipo de servicios de transporte de otros como los taxis, además de que garantizan control y seguridad a los clientes y propios operadores.

Los cuatro ministros que estuvieron a favor del pago exclusivo con tarjetas recalcaron que desde antes regularse este tipo de plataformas en Yucatán, éstas ya cobraban de esta manera a sus clientes.

José Mario Pardo Rebolledo recalcó que, con esta ley, el gobierno yucateco busca regular a las plataformas de una manera distinta a los taxis, “y haya un orden, para que puedan coexistir, sin que se afecten los unos a los otros”.

También acordaron que los autos tengan una antigüedad no mayor de siete años, que cuesten más de 200 mil pesos, que tengan siete asientos como máximo, cuatro puertas y otras especificaciones para garantizar la seguridad de los usuarios.

[b]Aniversario de disturbios[/b]

Casualmente, el fallo de la SCJN se dio justo a un año de haber ocurrido una serie de disturbios en los alrededores del aeropuerto de Mérida, cuando un grupo de taxistas arremetió contra un chofer de Uber sin que ninguna autoridad hiciera nada para detener la agresión.

A raíz del hecho, el Congreso del estado se vio obligado a legislar sobre las empresas que utilizan aplicaciones de dispositivos móviles, según admitió el legislador el Partido de la Revolución Democrática (PRD), David Barrera Zavala.

“Cuando legislamos, no pensamos en perjudicar al ciudadano; por el contrario, lo que se busca con la regulación de las plataformas es brindar un mejor servicio y garantizar la seguridad”, finalizó.