Óscar Rodríguez
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 15 de febrero, 2017

Con el argumento inicial de que quienes radican en Yucatán “tenemos maneras propias de pensar y actuar”, lo que ha permitido conservar la seguridad que “hemos construido todos juntos por los que vivimos en esta tierra, tenemos valores, nos respetamos y respetamos la ley”, el secretario de gobierno Roberto Rodríguez Asaf, hizo un “exhorto” a las empresas que no se han registrado ante la Dirección de Transporte a que cumplan con el trámite.

Mediante un video que fue colocado en las redes sociales, el funcionario estatal, responsable de la estrategia Escudo Yucatán, sin mencionar el nombre pero en clara alusión a la empresa Uber, que se ha negado a registrarse ante la autoridad, recordó que cuatro empresas ya se sometieron a la ley vigente.

“Hoy en el estado ya se han registrado cuatro plataformas que prestan el servicio de transporte público de pasajeros: Cabify y tres empresas orgullosamente yucatecas, Ryde & Go, Tho Services y Big Driver, que han cumplido todos los requisitos y cuentan con las garantías de seguridad, tanto para el chofer como para el pasajero”, afirmó.

Al registrarse ante las autoridades, los usuarios viajarán seguros en las unidades que presten el servicio, además de que el conductor cuente con licencia de manejo y placas del estado y que tenga un seguro que cubra de manera total cualquier percance.

“Para el gobierno del estado, la sana convivencia se basa en que cada quien cumpla con su parte, siempre bajo un esquema de legalidad y respeto al derecho de las personas. Todos son bienvenidos a trabajar en el estado, cumpliendo cada quien con la parte que nos corresponde para cuidar a Yucatán. Todos juntos cuidemos Yucatán”, concluyó el funcionario estatal.

[b]Dividen opiniones[/b]

El llamado del secretario general de Gobierno a sumarse a la legalidad a Uber, dividió opiniones entre la clase política de la entidad, pues mientras que para los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y de la Revolución Democrática (PRD) es imperioso que se aplique el estado de derecho.

Para los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y Acción Nacional (PAN), las modificaciones al marco legal están amañadas, por lo que es necesario una tregua para promulgar un nuevo reglamento.

Sin embargo, la totalidad de los entrevistados consideraron que no se deben pisotear los derechos humanos con el pretexto de aplicar la ley para detener a quienes trabajan de manera ilegal prestando el servicio de movilidad urbana.

La presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Celia María Rivas Rodríguez, respaldó el llamado para que las empresas se registren, toda vez que se trata de un asunto de seguridad.

“Si algún ciudadano se siente afectado en su derecho, que acuda a las instituciones correspondientes; es decir, a la Fiscalía del estado o a la Comisión de Derechos Humanos”, expuso.

El diputado del PVEM, Enrique Febles Bauzá, criticó la raja política del PAN en torno al caso, toda vez que la ley debe aplicarse al margen de cualquier situación particular o de grupo.

Por su parte, el coordinador de los diputados del PAN, Raúl Paz Alonzo, opinó que el gobierno estatal trata de confundir a la ciudadanía, al afirmar que el albiazul promueve la no aplicación de la ley, cuando la inconformidad radica en cómo se han aplicado los operativos en contra de particulares.

En ese mismo sentido, se pronunciaron los panistas Elías Lixa Abimerhi y Manuel Díaz Suárez, al considerar que lo expresado por Rodríguez Asaf es una clara muestra del autoritarismo con el que se maneja el tema, toda vez que no se habla de las detenciones arbitrarias ni se aclara que el tema aún se dirime en los tribunales.

El líder estatal de Morena, Mario Mex Albornoz y el diputado federal de ese instituto político, Rogerio Castro Vázquez, coincidieron en señalar que existe una evidente cerrazón y falta de diálogo por parte de la administración estatal hacia el tema.

“El gobierno debe defender a los ciudadanos, no perseguirlos; permitió la violencia y ahora la fomenta, ahora se necesita inteligencia y claridad política para entender el problema”, expuso Castro Vázquez.

El líder de Morena consideró que el llamado carece de credibilidad, debido a que Yucatán no es un estado tan seguro como lo pregonan las autoridades, pues ellas mismas son quienes no han garantizado estabilidad laboral y una remuneración adecuada a ciudadanos.

El dirigente del PRD, Alejandro Cuevas Mena, opinó que no existe razón para que Uber no se registre y condenó las acciones “bruscas” de los policías en contra de quienes laboran para la firma transnacional.

Finalmente, el diputado perredista David Barrera Zavala, calificó como acertada la acción por parte del gobierno estatal, al hacer un llamado a las empresas que prestan ese tipo de servicios de transporte para que actúen conforme a la ley.

“Pero debe ser una actitud recíproca y el gobierno hoy no puede pedir el cumplimento de una ley, violentando otras, como está sucediendo en muchos casos por el abuso de autoridad en las detenciones”, finalizó.


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