Declaración de emergencia sanitaria por COVID-19 genera incertidumbre

Abraham Bote
Foto: Notimex
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Lunes 6 de abril, 2020

Para el abogado, Óscar Sauri Basan, existe una ambigüedad por parte del gobierno federal al declarar una "emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor" y no una "contingencia sanitaria", lo que genera incertidumbre y además perjudica a las pequeñas y medianas empresas. 

Esto, según opinó, expone a los trabajadores y a las empresas porque los patrones deberán pagar el salario completo, y el criterio de pagar un salario mínimo no es aplicable.

De acuerdo con el especialista en derecho laboral, el gobierno federal lo hizo "por que no quiere asumir su responsabilidad, huye, lo deja todo en responsabilidad de las empresas".

Como informamos, la declaratoria de emergencia sanitaria por la enfermedad COVID-19 aprobada en días pasados, por el Consejo de Salubridad General (CSG) es por causa de fuerza mayor; obliga a los sectores público y privado a suspender de manera inmediata todas las actividades no esenciales, así como respetar los derechos laborales de sus empleados, incluido el pago completo de sus salarios.

Sin embargo,  la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió al gobierno federal realizar una declaratoria oficial de contingencia sanitaria, al considerar que ello brindaría certeza a micros, pequeños y medianos empresarios, igual que a trabajadoras y trabajadores.

Al respecto, Sauri Basan indicó que al declarar un “emergencia sanitaria", el gobierno federal "huye" de su responsabilidad como gobierno, porque este decreto no cumple con las exigencias mínimas que establece la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. 

"Lo que se debió haber decretado es contingencia sanitaria y suspensión de actividades no esenciales por COVID-19"; indicó.

Uno podría decir que son los mismos términos, pero en materia jurídica las palabras son importantes, precisó. "No debe estar sujeto a interpretación el mandamiento de una autoridades"; aclaró.

Entonces, al hacer esto, detalló, el Estado "lanza" la carga a las empresas, que en su mayoría son micros y pequeñas empresas. "Es evidente que una micro y pequeña empresa no va a poder sostener el pago del salario de marzo y abril completos de sus empelados"; subrayó. 

Cuando existe una contingencia sanitaria, explicó, las empresas tienen la obligación de pagar el salario mínimo por 30 días, sin embargo el gobierno trató de no estar en este escenario, cambia las palabras pero no resuelve la problemática. 

No obstante, indicó que existe un principio jurídico que dice "que nadie está obligado a lo imposible", es decir si una empresa no ha generado ingresos desde marzo, y ahora abril, con qué va a pagar los salarios. 

Por lo tanto, dijo que el gobierno federal no debe generar incertidumbres en sus disposiciones, ser específico, y asumir la responsabilidad de que se necesita dinero del Estado para apoyar a las empresas y que los trabajadores no pierdan su trabajo. 

Cuando menos, agregó, el gobierno debe fondear a las empresas ya sea entregando el dinero a los trabajadores o a los negocios, o que éstos paguen el salario mínimo y que el Estado complete para el salario integro, pero no exponer a las empresas, insistió.

Por otro lado, el estado también debe velar por los trabajadores informales, debe pagarles algún apoyo para este sector que igual se ve afectado. 

Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), indicó en vídeo difundido pro redes sociales, que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo (LFT),  no hay fundamento legal para separar para separar a los trabajadores o para dejar de pagar salarios. Tampoco es aplicable el criterio del pago únicamente de salario mínimo. La obligación general debe de ser pagar el salario íntegro en el entendido de que pudiesen existir circunstancias que los obliguen a llegar a ciertos acuerdos entre ambas partes.

Edición: Elsa Torres