La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Miércoles 15 de enero, 2020
El impuesto que se pagaría por infraestructura tecnológica en materia de seguridad a través del recibo de luz, quedó cancelado el día de ayer.
En rueda de prensa realizada en el Salón de la Historia de Palacio de Gobierno convocada de último momento, el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció que, tras reunirse con el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, el funcionario le informó que el cobro del nuevo derecho “no era viable a través del recibo de la paraestatal.
“El resultado de esa reunión nos encaminaba a un conflicto jurídico entre el gobierno federal y el estatal, ya que como estado soberano estamos en nuestro derecho de interponer los recursos jurídicos pertinentes. Sin embargo la convicción de esta administración es que los ciudadanos ya no quieren confrontaciones estériles sino resultados tangibles”, aseguró.
También informó que decidió no activar otros mecanismos de recaudación de este derecho como pudo ser a través del impuesto predial o del recibo de agua potable. “He tomado la determinación de continuar con la inversión del mantenimiento de la seguridad. Sin embargo, ésta será financiada ampliando las políticas de austeridad que están en marcha desde el primer día de esta administración, seguiremos haciendo más con menos, con la firme convicción de que todo sacrificio que hagamos será para proteger uno de los bienes más preciados de las familias yucatecas que es la seguridad”, indicó.
“He ordenado que ningún mando medio y superior de este gobierno goce de aumento de sueldo, que se adelgace la estructura burocrática que no tenga que ver con prestación de servicios básicos y que se amplíen, en general, las medidas de ahorro presupuestal tomadas en esta administración”, expresó.
Vila dió el anuncio flanqueado por la secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra, y la secretaria de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya; del director general de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY), Juan Carlos Rosel Flores, y el consejero jurídico Mauricio Tappan Silveira.
Se había fijado un máximo de pago a partir del consumo de 7 mil 500 pesos; es decir que quienes pagaran de esa suma para abajo abonarían como máximo 290.64 pesos, el 8 por ciento de su consumo.
Finalmente expresó que en esta administración están convencidos que la seguridad de los yucatecos no se defiende en los tribunales “sino en nuestras calles y en nuestros hogares”.
Vila Dosal indicó que instruyó al consejero jurídico a que de inmediato active el instrumento legal correspondiente para que el nuevo derecho por la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública quede sin efecto.
Tras recordar que la seguridad de las familias yucatecas bien vale todas las acciones que se han tomado, el gobernador externó que también instruyó a la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas para que refuerce las medidas de austeridad anunciadas al inicio de esta administración y los yucatecos sigan disfrutando de la calidad de vida a la que están acostumbrados.
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