‘Basta de discriminar a las poblaciones transgénero’: activista

Hace seis años, la activista transgénero G.S. fue agredida sexualmente por un individuo de origen argentino (Héctor Omar T.N). Tras la denuncia de los hechos, acusa haber sido discriminada y revictimizada por autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán al pertenecer a una población vulnerable. A la fecha, su agresor continúa libre y amenazándola constantemente, incluso de muerte.

Lo anterior consta en el expediente S1-323-2015, que se encuentra en el departamento de consignación de la FGE siendo analizada para que se pueda judicializar, pero G.S. se queja de la lentitud del proceso, ya que luego de seis años de aportar pruebas para obtener justicia, no ha habido respuesta.

El día de hoy, la activista acudió al recinto que alberga el ejecutivo estatal a fin de sostener una reunión con la secretaria de Gobierno, María Fritz Sierra, pero no pudo atenderla; y en su nombre la recibieron Karla Quintal Solís y José Gabriel Puc Maldonado, trabajadores de dicha dependencia.

Esta reunión tuvo el objetivo de solicitar a la funcionaria que tome cartas en el asunto y se judicialice de manera inmediata la carpeta, dado que han sido seis años de discriminación, dilación de procuración de justicia y atención indebida por parte de servidores públicos.

Dejó copias de un amparo que ganó en 2018, en donde manifiesta el juez federal que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeav) la dejó en estado de indefensión; y pese a que contaba tres abogadas, ninguna pudo argumentar, así que tuvo que acudir al recurso de apelación y ganó.

“Ya no puedo seguir esperando, es demasiado. Tiene que haber justicia; y mi lucha es por eso, pues pertenezco a un grupo extremadamente vulnerable -la comunidad trans- que tiene que ser visibilizado de una u otra manera”, mencionó G.S., quien también teme por su integridad física debido a las amenazas que ha recibido.

Sentar un precedente

La activista condenó que estas poblaciones han sido discriminadas durante muchas décadas y señaló que este caso, al ser judicializado y derivar en la vinculación a proceso de su agresor sexual, sería de gran relevancia para la justicia en Yucatán. Sentaría un precedente.

Recordó que, gracias a sus solicitudes al juez federal, la aplicación del protocolo de identidad de género se activó por vez primera en la entidad a razón del número de violaciones a sus derechos humanos y jurídicos. 

“La comunidad trans en Yucatán no tiene acceso a la justicia, algo primordial para todos los seres humanos, tampoco a la salud pública, y al ámbito laboral y educativo. Somos totalmente excluidas y existe un desconocimiento en las dependencias sobre cómo dirigirse a una mujer trans”.

“Es un trato hostil, te recorren de pies a cabeza como si fueras una persona rara. Yo soy una persona común como cualquier otra, soy una mujer que siente y piensa; y nos tratan como si hubiéramos sido las culpables de ser agredidas sexualmente, mientras los agresores están libres”, aseveró.

Tras la reunión, las personas que la recibieron se comprometieron a dar seguimiento a su caso y hacer lo que esté en sus manos para judicializar la carpeta de investigación, la cual está siendo analizada para que se pueda hacer la imputación de los cargos.

Edición: Laura Espejo