Organizaciones piden a la SCJN aclarar consulta popular del 1 de agosto

Activistas y agrupaciones civiles piden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclarar los alcances de la consulta popular que se realizará el próximo 1 de agosto; señalan que la ambigüedad de la pregunta debe ser esclarecida para los derechos de las víctimas y la sociedad. 

Si bien, la SCJN ya aclaró que la consulta no es exclusivamente para enjuiciar a los ex presidentes, "la ambigüedad de la pregunta debe ser esclarecida para garantizar los derechos humanos”, señalaron.  

Justicia Transicional en México (JTMX), Elementa DDHH, y Kalycho Escoffié, activista de derechos humanos, informaron que presentaron esta solicitud el pasado 11 de julio ante el máximo tribunal, buscando que la sociedad pueda ejercer su derecho al escrutinio de las decisiones que pudieran tomarse en caso de que la votación alcance 40 por ciento de participación. 

Para la Consulta Popular del próximo 1 de agosto de 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) instalará alrededor de mil 30 mesas receptoras de opinión en Yucatán. Además, participarán más de 6 mil ciudadanos y ciudadanas en este ejercicio, quienes fungirán como funcionarios de las mesas.

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A inicios del presente año el Pleno de la Suprema Corte decidió que no podía someterse a votación la investigación por delitos cometidos por expresidentes, al ser una obligación de las autoridades. Es por eso que modificó la pregunta de la consulta de la siguiente manera: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? 

Con la preocupación de que el ejercicio cumpla con sus objetivos para las víctimas, las organizaciones pidieron a la Corte se dé claridad sobre cinco puntos relevantes para la implementación de un eventual resultado favorable de la consulta popular: 1) cuál es el período que comprende “años pasados”; 2) si el concepto de “actores políticos del pasado” abarcar únicamente a autoridades o también a grupos armados al margen de la ley y grupos de delincuencia organizada; 3) qué significa que el resultado será un “insumo de consideración vinculante”, concepto usado por la Corte al analizar la materia de la consulta; 4) si la pregunta implica la creación de comisiones de la verdad u otro tipo de mecanismos; 5) que aclare los términos del concepto de “proceso de esclarecimiento” para dar mayor certeza a la expectativas de las víctimas y de la sociedad. 

Adriana Muro, integrante de  Elementa DDHH, señaló que este proceso tenía como principal objetivo garantizar la verdad, la justicia y la reparación por las violaciones a derechos humanos que se han cometido de manera sistemática en el país en las últimas décadas, tal y como han hecho otros países del mundo frente a situaciones análogas. Por su parte, Jorge Peniche de JTMX recordó que para atender la violencia e impunidad que enfrenta el país, el Estado Mexicano debe adoptar mecanismos extraordinarios que no se limiten a la atención judicial de cada caso, sino también al esclarecimiento de los orígenes de las violaciones a derechos humanos y las estructuras que las perpetúan. 

Confiaron en que la SCJN resolverá esta solicitud de manera pronta para que el proceso sea verdaderamente guiado por la sociedad mexicana, sobre todo por las víctimas.

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Edición: Laura Espejo