El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidiría si se debe aclarar o no la pregunta de la consulta popular que se realizará este 1 de agosto, informaron Justicia Transicional en México, Elementa DDHH y Kalycho Escoffié, en un comunicado.
“Esto sería decisivo para el ejercicio de los derechos de participación ciudadana, así como para dar certeza a las víctimas”, indicaron.
El 12 de julio pasado, presentaron una solicitud de aclaración de la consulta, ante el máximo tribunal, buscando que la sociedad pueda ejercer su derecho al escrutinio de las decisiones que pudieran tomarse en caso de que la votación alcance 40 por ciento de participación.
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No obstante, indicaron, la presidencia de la SCJN no le dio trámite. En respuesta, presentaron otro recurso de reclamación al Pleno de la SCJN, por lo que esta instancia decidiría si procede o no analizar dicha aclaración.
De acuerdo con las organizaciones, el argumento para pedir que el asunto sea elevado al Pleno, más allá de que las reclamaciones generalmente se conocen en Salas, se basa en que sólo la SCJN actuando de forma plenamente colegiada, es decir, vía los 11 ministros, es la única autoridad que reconoce la Constitución para abordar cuestiones relativas a la consulta popular y sus implicaciones.
“Ha quedado claro lo que no es: un juicio a ex presidentes, y lo que sí puede ser la consulta: opciones de mecanismos como comisiones extraordinarias. Los cómos y sus límites – detalles en donde realmente se hacen efectivos la verdad y la justicia– no”, manifestaron.
Sobre la consulta, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, declaró hace unos días en Mérida, que espera que la gente no se confunda con la pregunta que aparecerá en la papeleta o que se generen “expectativas distintas”. Además, negó que el órgano esté interfiriendo o boicoteando este ejercicio.
Por lo tanto, las organizaciones recalcaron que la falta de claridad de la pregunta formulada por la SCJN ha generado confusión en torno a su significado y, sobre todo, a sus alcances. Esto genera incertidumbre en la ciudadanía: por un lado, hay dudas sobre si se debería participar en este ejercicio democrático, y por otro, no hay claridad sobre qué se le debe exigir a las autoridades si gana el sí.
Tal es la confusión, según expusieron, que el mismo presidente de la SCJN, el ministro Arturo Zaldivar, ha tenido que reiterar en entrevista a diversos medios de comunicación que el sentido de la pregunta de la consulta popular no versa sobre juicios a expresidentes, sino sobre mecanismos extraordinarios como comisiones de la verdad o de justicia transicional.
Sin embargo, precisaron que no se busca cambiar la pregunta ni de qué va, pero sí que la SCJN, mediante un documento oficial, aclare si el sentido de la pregunta corresponde a lo que el ministro presidente ha salido a declarar en entrevistas periodísticas y los límites de la pregunta. El no aclarar puede prestarse a que la autoridad actúe a modo en detrimento de víctimas y sociedad.
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Edición: Laura Espejo
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