Acuífero maya, amenazado por granjas porcícolas, agricultura y construcciones

Especial: Pureza en peligro 

En la zona rural de Yucatán, 30 por ciento de la población bebe agua de pozo o de cenotes contaminados con plaguicidas y agrotóxicos, revela el informe Contaminación del Acuífero Maya: Responsabilidad gubernamental y empresarial, realizado por las agrupaciones Indignación y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), el cual comprende varias investigaciones científicas de expertos en el tema.

Debido a esta situación, en los últimos 15 años, por lo menos, Yucatán ha presentado alta prevalencia de muertes en mujeres causadas por cáncer cérvico-uterino o de mama, así como una alta prevalencia de malformaciones congénitas y de mortalidad fetal e infantil. 

Si bien en la península de Yucatán no existe, al menos por ahora, un problema de excavaciones de agua, el acuífero de la región se encuentra severamente amenazado, principalmente por contaminación a causa de residuos de granjas porcícolas, agrotóxicos, siembra de soya transgénica, el avance de la industria inmobiliaria y las concesiones indiscriminadas de agua otorgadas a la iniciativa privada, según expone la investigación.

De acuerdo con el análisis, la situación de contaminación del agua en la península ha crecido de manera alarmante. Uno de los factores asociados a este aumento es el incremento en el uso de plaguicidas derivado de la agricultura en general.

Varias investigaciones contenidas en el reporte demuestran que la política agrícola en los últimos años ha incentivado el uso de todo tipo de herbicidas y plaguicidas, algunos de ellos considerados altamente peligrosos en la labor del campo.

La utilización de agrotóxicos, detalla el documento, se observa desde la agricultura a pequeña escala hasta aquella que podría considerarse como industrial, caracterizada por la existencia de “mecanizados” o grandes extensiones de tierra dedicadas a la siembra de uno o varios productos agrícolas.

En el primer caso, varias investigaciones señalan que los conocimientos tradicionales para combatir las plagas en la agricultura cada vez tienen una aplicación menor y han sido relegados por las nuevas tecnologías.

En cuanto a la agricultura industrial, la investigación expone que en los últimos años se ha apostado por los monocultivos y especialmente de semillas transgénicas, lo que ha significado un aumento del uso de herbicidas como el glifosato, señalado como posiblemente cancerígeno por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud.

Plaguicidas en el agua

El reporte documenta que estudios recientes han revelado altas concentraciones de varios plaguicidas como heptacloro, lindano, endosulfán y Dicloro difenil tricloroetano (DDT) en municipios del Anillo de Cenotes de Yucatán. Asimismo, información recopilada mediante un estudio socioambiental reportó el uso de plaguicidas organoclorados, así como una baja percepción de riesgos en el manejo de agroquímicos en comunidades mayas de Yucatán.

Sin embargo, las mismas condiciones socioeconómicas de elevada pobreza, obligan a las comunidades rurales a producir sus alimentos a cualquier costo, aunque esto incluya el uso de pesticidas organoclorados en la agricultura, pero sin ninguna regulación.

Mientras, estudios de bioacumulación de plaguicidas en el cuerpo de mujeres mayas con cáncer cervicouterino arrojaron altos niveles de plaguicidas en sangre y leche maternas. En términos generales se revelan altos niveles de plaguicidas organoclorados en el agua y en el cuerpo humano de poblaciones mayas de Yucatán, advierte la investigación.

Por ejemplo, en una comunidad como Dzidzantún, dedicada en 85 por ciento a la agricultura, los herbicidas reportados con mayor aplicación fueron el paraquat con 89 por ciento, y el glifosato con 72 por ciento.

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Sólo 18 por cierto de la comunidad utiliza técnicas tradicionales para combatir las plagas. En contraste, 98 por ciento ha optado por el uso de plaguicidas, siendo los más utilizados el metamidofos (uno de los más tóxicos puede ser rápidamente absorbido por la piel y es considerado neurotóxico), el lindano, que afecta principalmente al sistemanervioso y tiene efectos neurotóxicos, puede provocar afectaciones en el hígado, toxicidad renal y puede actuar como disruptor endocrino; el carbofuran, conocido por el nombre comercial Furadan, que produce sobrestimulación del sistema nervioso, provocando náuseas, y en exposiciones muy altas, parálisis respiratoria y muerte; la cipermetrina, que puede causar irritación ocular, molestias en la piel y afectaciones en el sistema nervioso, y la permetrina considerado como un probable agente cancerígeno vía oral, afectando también el sistema nervioso.

Acciones para combatir este problema

El informe también ofrece algunas acciones para hacer frente a esta problemática: demandan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), realizar una revisión exhaustiva de todas las granjas porcícolas en Yucatán y, en caso de ser necesario, suspender todas aquellas autorizaciones de manifestación de impacto ambiental de granjas que estén contaminando; esto considerando la vulnerabilidad extrema por contaminación del acuífero y altos riesgos para la salud pública que puede generarse con la instalación de las plantas porcícolas industrializadas.

Las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, antes de otorgar permisos sobre la instalación de granjas porcícolas en territorios indígenas deben llevar a cabo la consulta, cumpliendo con los estándares establecidos en el Convenio 169 de la OIT; esto es, que los integrantes de los pueblos indígenas otorguen su consentimiento libre, previo e informado.

A su vez, se debe promover la agricultura orgánica sin uso de plaguicidas tóxicos, apoyando e impulsando toda la cadena productiva a los agricultores. Para lo anterior, es fundamental que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) establezca y coordine, junto con las otras dependencias involucradas, programas de capacitación y que incentiven a los agricultores a generar cadenas de producción que permitan no sólo cultivar de manera sustentable, sino colocar en el mercado los productos orgánicos. Lo anterior debe planearse en conjunción con las comunidades indígenas y campesinas de la península. 

Y al mismo tiempo, el modelo industrial tiene que transitar hacia la producción agroecológica, sustentable y saludable; que garantice el respeto al derecho a un medio ambiente sano, al agua, a la salud, los derechos humanos de los pueblos indígenas y el respeto por su modelo de desarrollo comunitario y autonómico. Para alcanzar esto, es fundamental garantizar la soberanía alimentaria del país.

Lourdes Medina Carrillo, del equipo de defensa jurídica de Indignación, opinó que en esta materia no se vislumbran cambios significativos por parte de las autoridades, pues no es alentador que el congreso local se haya quedado sin una oposición política real, que abogue por la protección de las comunidades y del agua, ya que todas las reformas que se necesitan en el ámbito ambiental, y que sean un obstáculo para los intereses empresariales, no van a pasar; o se van a aprobar otras que violen los derechos humanos.

Además, el actual gobierno, ni el anterior, se han pronunciado sobre la problemática, sobre todo en la industria porcícola; al contrario, los pueblos mayas se organizan para proteger sus recursos. Son ya más de 22 comunidades que han denunciado a nivel nacionalmente este situación. 

No ha habido voluntad para solucionar este tema, sino para favorecer a los grupos empresariales, sentenció. 

Derivado de estas acciones, el pasado mes de mayo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró cuatro granjas porcícolas en la península de Yucatán, debido a que carecían de permisos de impacto ambiental, generaron afectaciones a la biodiversidad y no presentaron resultados de descargas de aguas residuales, así como por tener una “inadecuada gestión y manejo de residuos peligrosos”. 

Esto da una pequeña luz de esperanza para poner combatir esta situación, opinó la abogada, aunque no han detallado cuáles fueron las irregularidades detectadas.

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Edición: Laura Espejo