El ayuntamiento de Progreso interpuso una impugnación ante el Tribunal Superior de Justicia contra la resolución de suspender el proceso legal que implica a ex funcionarios de la administración pasada que encabezaba J.I.C.G., emanado del Partido Nueva Alianza (Panal).
En un comunicado, la comuna progreseña consideró pertinente informar a la ciudadanía respecto del proceso penal que se sigue ante el Juzgado de Control con sede en Progreso, Yucatán en contra de ex servidores públicos municipales.
El ayuntamiento fue categórico en precisar que la asesoría jurídica del municipio no ha llegado a acuerdo alguno de ninguna índole respecto de dos ex servidores públicos de la administración municipal 2015 -2018.
“Por el contrario, el día de ayer fue interpuesto formal recurso de apelación en contra de un acuerdo dictado a petición de dos imputados por el referido Juzgado de Control, misma impugnación que deberá ser resuelta por el Tribunal Superior de Justicia del estado”, sentenciaron.
En el documento, la comuna hizo énfasis en que no ha habido absolución alguna en este asunto, como publicaron algunos medios de comunicación en días pasados.
“Todos los ex servidores públicos imputados por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción continúan sujetos a proceso penal, habiendo apelado la propia Fiscalía de igual manera la resolución dictada en días pasados”, aclararon.
Cabe recordar que, el pasado 8 de julio, en una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Progreso y presidida por la jueza Yadira Garrido Colonia, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción imputó a estas 11 personas por el delito de cohecho, ocurrido presuntamente en 2016.
De acuerdo al Poder Judicial del Estado de Yucatán, con base en las investigaciones de la Fiscalía, durante el proceso de entrega recepción de la administración municipal saliente (2015-2018) y la entrante (2018-2021) se obtuvo información respecto a diversas irregularidades en la celebración de un contrato con una empresa.
De dichas revisiones se estableció que el día 23 de diciembre de 2016, en sus entonces funciones como regidores integrantes del cabildo de Progreso, estas personas se encontraban en la sala de sesiones y cada uno de los hoy imputados presuntamente recibió la cantidad de 110 mil pesos en efectivo.
“Para la suscripción de un contrato para la prestación de un servicio de alumbrado público entre el ayuntamiento de Progreso y la citada empresa, misma autorización que hicieron constar con sus respectivas rúbricas en acta oficial”.
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