Anterior reforma eléctrica generó conflictos en la península de Yucatán

La reforma energética implementada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto propició la creación de proyectos de energías eólicas y fotovoltaicos en la península de Yucatán, sin embargo, esto ha ocasionado conflictos sociales y ambientales, principalmente con el uso de suelo de las tierras. 

"Los parques eólicos y fotovoltaicos requieren grandes extensiones de tierra que se tienen principalmente en tierras de uso de común, en ejidos que, con presiones externas, se empiezan a parcelar para el usufructo”, manifestó Rodrigo Tarkus Patiño Díaz, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), Unidad Mérida. 

Ezequiel Zárate Toledo, profesor de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Mérida, indicó que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y otros estudios de las autoridades sobre estos proyectos son deficientes, ya que varios de éstos están instalados cerca de Áreas Naturales Protegidas en las costas yucatecas, generando un impacto en el medio ambiente y la fauna. 

Los especialistas expusieron lo anterior, este miércoles 20 de octubre, durante la conferencia “Proceso de evaluación de impacto ambiental para los parques eólicos en la costa de Yucatán”, realizada por la ENES, sede Mérida, de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam). 

De acuerdo con los investigadores, en la península existen alrededor de 40 proyectos de energía eólica y fotovoltaica, de éstos, la mitad están en Yucatán. 

Con ayuda de agrupaciones civiles, colectivos, ciudadanía, analizaron cinco proyectos ubicados en la costa del estado: Dzilam Bravo, Sinanché, Progreso, Tizimín,  Chicxulub, la los cuales están funcionando, otros en espera y  también en expansión. 

Zárate Toledo comentó que existen deficiencias en las metodologías implementadas de los estudios, no están diseñada para identificar los problemas o desafíos ambientales que representan los proyectos. 

“Muchas veces las autoridades no tiene capacidad para tomar decisiones informadas sobre los impactos de los proyectos, esto cuestiona la validez de sus decisiones y hace que los ciudadanos presentan documentos que refuten estos estudios”, manifestó. 

Hallazgos 

Los expertos encontraron deficiencias técnicas y vacíos regulatorios; por ejemplo señalaron que no existen guías detalladas para desarrollar la MIA, faltan normas oficiales que especifiquen criterios técnicos para parques eólicos, por ejemplo cuál seria la distancias mínima que debe haber entre un parque y un Área Natural Protegida, un asentamiento urbano o cuál es el ruido en decibeles que debería escucharse cono máximo a una distancia dada del parque. 

“No existe en las normas mexicanas y esto motiva a que haya una libertad en las empresas que están instalando estos proyectos”, subrayó Patiño Díaz.

También indicó  que  no esta definido el número máximo de parques de energía en una región, en el caso de Yucatán hay por lo menos 20; falta de información acerca de los ecosistemas  y si biodiversidad que están siendo impactadas, agregó. 

Además, el investigador del Cinvestav reveló que los proyectos se fragmentan, el de Tizimín primero se hizo la MIA para el parque después para la línea de transmisión; ahora un nueva MIA para la segunda parte del parque. “No hay una consideración del proyecto completo sino en partes”, recalcó. 

Tampoco existe un análisis de impactos acumulativos y sinérgico  con otro proyectos, de como interactúan unos con otros, con megaproyectos, carreteras, granjas, hoteles, o el Tren Maya. 

“No existe transparencia acerca de los impactos residuales de los proyectos, faltan estudios que cubran los impactos a la fauna en su totalidad o a especias emblemáticas”, advirtió.  

A su vez, añadió, no se considera el impacto del ruido, la vibración o las sombras en los ecosistemas, “los impactos visuales y del paisaje no son una prioridad”, subrayó. 

Edición: Laura Espejo