Primer parlamento abierto en temas de género en Congreso de Yucatán

El jueves 21 de octubre en el Congreso de Yucatán tuvo lugar el primer parlamento abierto en temas de género, impulsado por la diputada Vida Gómez Herrera, de Movimiento Ciudadano, donde participaron 25 mujeres activistas, académicas, profesionistas e integrantes de la sociedad civil para extender sus propuestas sobre acceso a la justicia con perspectiva de género, violencias y violencia política, freno a presupuestos machistas y autonomía financiera para las mujeres.

Amelia Ojeda Sosa, representante de Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal A.C. (Unasse) externó que es necesario mejorar el marco normativo estatal para garantizar el ejercicio de la autonomía reproductiva para las mujeres y personas gestantes, pero también erradicar la violencia obstétrica y la muerte materna.

Dentro de esa autonomía reproductiva, recordó que es imprescindible alinear a Yucatán con lo que proclamó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), inconstitucionalidad de la penalización del aborto; pero no solamente dejar de lado el delito, sino también la criminalización social contra quienes deciden no procrear, señaló.

Sobre el mismo tema, añadió que la objeción de conciencia es un derecho del personal médico, pero éste no debe convertirse en un obstáculo para el derecho a decidir de las mujeres.

El presupuesto, apuntó, tiene que redistribuirse para atender a las necesidades y la garantía de derechos: “Tenemos muchas leyes en el estado que están muy bien en el papel”, pero que en la práctica, desde su perspectiva, no se ven; por lo cual llamó también a la garantía de no repetición dentro de la reparación del daño.

Berenice Blanco Tenorio también tomó la palabra, expresó que es madre y participó en este parlamento por su hija, “porque por ser mujer ya tiene congénita la desigualdad”. 

Pidió que la descalificación y culpabilización de las mujeres, por todos los medios, incluso por la ropa que usan diciendo que “nos buscamos que nos violen”, termine porque es una violencia sicológica ejercida por hombres y mujeres.

Cuando ella fue víctima, contó, la culparon por la ropa que usaba, “que lo incitó”, le dijeron; pero encuentra que va más allá de eso, pues ocurre también en el trabajo cuando les niegan puestos por ser mujeres o les dicen que “lo consiguió porque se acostó con alguien”.

Para contribuir con una solución ante esta problemática, propuso brindar talleres, cursos y pláticas obligatorias para los hombres, para que tomen conciencia de la violencia que ejercen hacia las mujeres “así como nos obligan a tener una licencia de conducir deberían obligarse a esos talleres para poner en marcha la efectiva aplicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.

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Desde su visión, no es suficiente contar con un marco jurídico si se desconoce y no se aplica, por lo cual también propuso que se reforme el código penal y se establezcan sanciones contra la violencia física y sexual. “Necesitamos resultados […] La realidad social que vivimos las mujeres es desigual… ¿De qué nos sirve tener leyes si nos sentimos tan inseguras?”.

Adriana Cristal Pérez Cantoral, representante de Abogadas violeta, visibilizó que otra de las violencias comunes es la sustracción de las infancias por parte del padre, como si fueran un objeto de venganza.

En muchos casos, dijo, las mujeres están en condiciones vulnerables por violencia familiar o escasez de recursos y falta de conocimiento sobre las leyes.

Como abogada, dijo, cuando una mujer denuncia que se llevaron a su hijo lo primero que le dicen es que no hay delito si no hay custodia y las mujeres ya no saben qué hacer, “se ven obstaculizadas porque no pueden promover una denuncia”.

El Ministerio Público, explicó, es quien tiene la obligación de tomarla y tiene que atenderse la situación porque es una violencia contra las mujeres que se vive día a día; propuso que el código de familia establezca procedimientos para estos casos, de forma que puedan ser rescatados los infantes y devueltos a su madre, en especial si lo hicieron por la fuerza y con violencia. 

Pidió mecanismos de protección y las medidas necesarias para que las mujeres puedan recuperar a sus hijos y se atienda realmente el interés superior del menor.

En suma, las mujeres solicitaron la creación de una Unidad Técnica de Atención y Acompañamiento Jurídico en materia de violencia política en razón de género en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac), así como reformas a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) y una mejora en la definición del perfil de las autoridades en materia de igualdad de género y derechos humanos.

Paridad de género en las administraciones estatal y municipales, así como mayores sanciones a servidores públicos que incurran en violencia de género también fueron peticiones realizadas en el parlamento.

En el tema político, solicitaron la obligatoriedad de tomar talleres y capacitaciones sobre temas de género para los candidatos, pero también brindar ese tipo de cursos al personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) que recibe las denuncias sobre violencia de género.

Para todo esto, el presupuesto de atención a las mujeres víctimas de violencia deberá ser mayor, expusieron, pero con seguimiento y transversalidad, otorgando con perspectiva de género las inversiones hasta alcanzar, entre otros temas, los productos de higiene menstrual de forma gratuita en planteles escolares, independencia económica de las mujeres, un sistema igualitario de cuidados y la garantía de las mismas oportunidades para las mujeres de la ciudad y del campo.

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Edición: Estefanía Cardeña