Este año, el pasado 25 de agosto, el Congreso del Estado de Yucatán aprobó el matrimonio igualitario; posteriormente, el 6 de septiembre, las modificaciones a la Constitución Política del Estado de Yucatán fueron publicadas en el Diario Oficial del Estado, a partir de lo cual, el Poder Legislativo tiene 180 días para adaptar las leyes secundarias.
Aunque desde el verano muchas fueron las celebraciones de la comunidad LGBTTTI, hasta el día de hoy, aún no es posible que las parejas del mismo sexo acudan directamente al Registro Civil para contraer matrimonio, debido a la falta de armonización de las leyes secundarias porque éstas otorgan poderes y facultades.
Hasta ahora, el Código de Familia y la Ley de Registro Civil, entre otras legislaciones, aún no reciben las actualizaciones pertinentes para que las parejas de la comunidad LGBTTTI puedan casarse sin recurrir a un amparo de entre 8 y 30 mil pesos, a pesar de contar con esos 180 días para hacerlo.
El pasado 15 de diciembre, la diputada Vida Gómez Herrera, representante de la bancada naranja, trajo a colación el tema en el Pleno diciendo “ya es momento de que en Yucatán se normalice lo que es natural: el amor entre personas sin importar su orientación sexual”.
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Y, con esto, extendió la iniciativa por la cual solicita la modificación precisamente del Código de Familia y la Ley de Registro Civil, ambos del estado de Yucatán, para que el matrimonio igualitario sea una realidad en la entidad; por ello, el asunto deberá ser discutido cuando regresen a sus labores luego de las fiestas decembrinas.
En la cuestión del aborto, antes de comenzar las vacaciones de la diputación local, la diputada de la cuarta transformación, Alejandra Novelo Segura, levantó la voz para decir: “¡Aborto legal ya! ¡Aborto legal, seguro y gratuito! Son de las principales consignas que se escuchan en las principales plazas públicas de México, América Latina y del mundo”.
Por esta exigencia, también el 15 de diciembre, la diputada llevó el tema al Pleno del Congreso del Estado y señaló que hay que hablar de sobre el próximamente, pues también hizo llegar una iniciativa por medio de la cual considera el derecho al aborto y también penas contra quien obligue abortar a una mujer o persona gestante.
De aprobarse esta iniciativa, aplicaría de tres a ocho años de prisión a quien intentara obligar a abortar y si, además, empleara violencia física o moral, la pena sería elevada de seis a nueve años de prisión; lo cual también incrementaría si se tratara de personal del área de la salud, suspendiéndole de dos a cinco años su ejercicio profesional.
También habría penas contra quienes intenten hacer cambiar de opinión sobre su embarazo a la mujer o persona gestante, considerando de tres a ocho años de prisión, sentencia que llegaría de seis a nueve años si cometiera violencia física o moral.
Contemplando que incluso las campañas pro aborto plantean: “Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir”, en su iniciativa considera la planificación familiar una prioridad para reducir las interrupciones del embarazo y mejorar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
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