Inicio del 2022, uno de los más violentos contra periodistas: FMOPDH y Codhey

"El inicio del 2022 ha sido uno de los más violentos contra las personas periodistas y comunicadores”, manifestaron la  Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) y la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey).

Los organismos piden a las autoridades investigar los asesinatos de periodistas y comunicadores, y garantizar el acceso al derecho a la justicia y a la verdad a las víctimas directas y sus familias, entre otras cosas. 

Según expusieron en un comunicado, un reflejo de la “crisis de violencia” que vive el gremio son los recientes asesinatos de Roberto Toledo del Monitor Michoacán, registrado el 31 de enero en Zitácuaro, Michoacán; el de Lourdes Maldonado, de Sintoniza Sin Fronteras y Margarito Martínez el 23 de enero y el 17 de enero respectivamente, ambos en Tijuana, Baja California; así como el de José Luis Gamboa de Inforegio, el 10 de enero en Veracruz.

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De acuerdo con la comisión de Yucatán, en septiembre del 2021 la FMOPDH, de la que forma parte la Codhey, se pronunció por la implementación de medidas urgentes de protección para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, en congruencia con el Artículo primero de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y derivado de la preocupación por el contexto de violencia que enfrentan las personas de ese sector. 

Sin embargo, el organismo indicó que las agresiones no sólo no han cesado, pues México terminó el año pasado, según el ranking del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), junto con India, como uno de los países más peligrosos para ese ejercicio laboral.

"Estos hechos nuevamente alertan sobre el grave problema que vive México para el desarrollo del ejercicio periodístico; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas consideraron crítica la situación del inicio de año y reiteraron su preocupación porque el Estado Mexicano no ha logrado brindar las garantías necesarias para que periodistas y comunicadores hagan su trabajo de forma segura y, en su caso, prevenir agresiones, amenazas, secuestros y asesinatos”, manifestó la Codhey, 

Por lo tanto, la FMOPDH consideró indispensable que frente a esta “crisis de violencia" contra personas periodistas y comunicadores se generen acciones concretas, por ejemplo, investigar las agresiones y asesinatos y que se cumplan con los principios de la debida diligencia, tomando en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión. Agotando las líneas lógicas de investigación relacionadas con su profesión, dijo. 

Señaló que es necesario garantizar el acceso al derecho a la justicia y a la verdad de las víctimas directas y sus familias; a través del esclarecimiento de los hechos y de un recurso judicial adecuado y efectivo ante autoridades independientes, imparciales y competentes; como una forma de reparación, un instrumento para que las autoridades rindan cuentas y un mecanismo de reconciliación entre las instituciones y la sociedad que impida que la impunidad siga siendo un “incentivo en el ambiente de violencia” contra las personas periodistas y comunicadores.

Asimismo, exigió el respeto de los derechos humanos de las personas periodistas y a la protección de su honra y dignidad en los términos establecidos por la CoIDH en el caso Digna Ochoa, basado en el Artículo 11 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 

“Es decir, generar un ambiente libre de calificaciones o acciones que estigmatizan y desacreditan la labor de las personas periodistas”.

La Codhey pide impulsar los cambios necesarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con enfoque de género e interseccionalidad que tome en cuenta las necesidades individuales y colectivas, medidas sociales, desplazamiento forzado, así como planes de retorno.

Dijo que hay que fortalecer la relación y colaboración de las entidades federativas con el Mecanismo de Protección de Personas Periodistas y Defensores, dada las diversas formas que se han adecuado para la atención de casos. 

Añadió que es necesario contemplar que en los estados las investigaciones cuenten con los recursos y capacidad de quienes investigan, ello aplicando el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, vigente desde octubre de 2018.

Notas relacionadas:

-Asesinan al periodista Roberto Toledo en Zitácuaro, Michoacán

-Asesinan a la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana

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Edición: Estefanía Cardeña