El Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi), junto con Spectrum Diversidad Estudiantil, presentó, por primera vez, una denuncia formal por discriminación y transfobia ante la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), a través del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género, Discriminación de la casa de estudios.
La denuncia es sobre el caso de un estudiante de la Escuela Preparatorio Uno, a quien el personal docente insiste en llamarle con un nombre con el cual no se identifica.
"Recordamos que la importancia de garantizar a las adolescencias trans el derecho a una educación libre violencias”, indicó Cejudi en sus redes sociales.
Las agrupaciones reconocieron que este proceso marca un parteaguas para la protección de los derechos de las personas trans en los espacios educativos.
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María Paula Balam Aguilar, directora ejcutiva de Cejudi, explicó que haciendo uso del protocolo actual, interpusieron esta queja de un estudiante de la Prepa Uno, porque los maestros insisten en llamarle por un nombre que no corresponde con su identidad de género.
La activista detalló que la denuncia se entregó ante la Comisión Permanente de la UADY, encargada de vigilar el cumplimiento del protocolo, que debe examinar y determinar si fue un hecho de discriminación y de ahí establecer las medidas de reparación para la persona que fue víctima de discriminación y, además, se tomen acciones concretas para que esto no se vuelva a repetir.
Balam Aguilar indicó que esperan una disculpa pública por parte de las autoridades de la escuela, aunado a capacitación y creación de mecanismos para que el personal docente tenga las herramientas para no caer en estos actos de discriminación; que estén sensibilizados ante estos temas.
Insistió en que la universidad debe aplicar acciones que busquen cambiar estas prácticas sociales que resultan violentas por para la comunidad estudiantil, añadió que incluso para la planta docente, donde también hay personas de la comunidad LGBTTTI.
“Tiene que haber procesos de reducación, sensibilización y establecer mecanismos idóneos para atender estos casos”, reiteró.
A pesar de que lograron interponer esta denuncia, la activista indicó que enfrentaron muchos obstáculos, uno de ellos es que el portal para presentar la queja tiene un límite de números de caracteres, es decir, tiene un espacio pequeño.
Las organizaciones lograron entregar una queja ampliada, pero con otro documento que sí está siendo atendido. “Ante un protocolo que no afecto, ya hay una falla institucional que impide y genera que pueda quedar en impunidad este tipo de casos”, manifestó.
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