Por unanimidad, este miércoles el Pleno del Congreso del Estado de Yucatán aprobó la iniciativa que modifica diversos artículos de la Ley de Educación del Estado para que el estudiantado tenga internet en sus escuelas.
El diputado Crescencio Gutiérrez González, representante de Nueva Alianza, promovió esta iniciativa señalando que “en las reformas recientes se ha legislado para que se incorpore en la legislación la educación a distancia, en línea, virtual, semi-presencial e hibrida, mediante plataformas digitales, la televisión y radio, así como mediante Tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital con el objetivo de cerrar la brecha digital y las desigualdades en la población”.
Para que eso pueda ser posible, apuntó, es necesario que todo plantel educativo cuenta con el acceso a las tecnologías, conocidas como “TICS”, en especial luego de que con la pandemia éstas fueran más necesarias que nunca y evidenciaran el rezago educativo que pueden provocar.
Reconoció que gran parte del estudiantado se vio afectado por el tema económico, pero también porque no tenías acceso a las plataformas educativas establecidas y el profesorado también tuvo problemáticas con esto, pues no todo el personal docente tenía internet en casa y “mucho menos en sus planteles escolares”.
La iniciativa que aprobaron hoy establece, por medio de la Ley de Educación del Estado de Yucatán, que el propio Estado deberá garantizar el servicio de internet de banda ancha en los planteles públicos para que estudiantes y docentes cuenten con acceso a las tecnologías y cierren la brecha digital y las desigualdades que ésta trae.
También te puede interesar: Buscan paridad de género en la representación de la Codhey
Edición: Estefanía Cardeña
Jueza adscrita al penal estatal de Chalco amplió a octubre la etapa del cierre de investigación
La Jornada
Unos 3 mil productores serán beneficiados con sistemas modernos y eficientes
La Jornada Maya
Robert De Niro recibirá una Palma de Oro honorífica en el evento
Ap / Afp
Amenazó con suspender bienes y salarios a los más de 10 millones de indocumentados
La Jornada