Tribunal quita suspensiones al tren maya con ''argumentos ilegales'': activistas

El Tribunal Colegiado de Circuito en Materias del Trabajo y Administrativa decidió revertir todas las suspensiones impuestas al proyecto Tren Maya, que protegían a la flora y fauna, con base en “formalismos ilegales e injustificados”, aun cuando ya las había confirmado hace nos días, informó la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal e Indignación. 

“Con argumentos ilegales e injustificados, el Tribunal quitó las suspensiones impuestas al Tren Maya, poniendo en riesgo la flora y fauna de Yucatán”, advirtieron las agrupaciones en un comunicado. 

Como informamos, el pasado 9 de marzo, el Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito determinó que las obras de los tramos 1, 2 y 3 del Tren Maya y la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA ) deben permanecer paralizadas. 

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Ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por conducto de la Dirección General de Impacto y Riesgo e Impacto Ambiental (DGIRA), dejar sin efectos la MIA-R y detener las obras de la fase 1.  

Esto luego de confirmar la resolución del Juzgado Cuarto de Distrito sobre el amparo presentado por Maya Múuch’ Xíinbal. 

Sin embargo, según dieron a conocer este 30 de marzo, el organismo quitó las suspensiones impuestas, poniendo en riesgo la flora y fauna de Yucatán.

Además, según expusieron las agrupaciones civiles, “el Poder Judicial de la Federación está siendo totalmente permisivo y aquiescente, pues sus resoluciones niegan las suspensiones del proyecto por meros formalismos, y a pesar de la existencia de pruebas y hechos notorios de la devastación de la flora y fauna, así como de la integridad de los pueblos mayas en Yucatán”.

“Con esto se evidencia aún más las autoritarias decisiones de los Poderes de la Unión para imponer un proyecto en la península. También se continúa con la obstaculización de la defensa de derechos con base en intereses políticos sobre los territorios mayas, y con ello se pone en riesgo total y alta vulnerabilidad de las personas defensoras de derechos humanos”, concluyeron.

Edición: Laura Espejo