Camino a eliminar brechas de desigualdad, aprueban el derecho a la ciudad en Yucatán

Con la aprobación que dieron hoy en el Pleno del Congreso de Yucatán al derecho a la ciudad, otorgan reconocimiento de que el Estado debe garantizar otros derechos humanos tales como la función social de la ciudadanía, la justicia territorial, la inclusión social y diversidad, movilidad, sostenibilidad y sustentabilidad, y distribución equitativa de bienes y servicios públicos, entre otros.

Esta iniciativa, propuesta por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), hoy fue aprobada y es “un derecho que refleja una de las principales aspiraciones de quienes nacimos o hemos hecho de Yucatán, nuestro hogar; y que permitirá que cada familia viva con tranquilidad, seguridad y armonía”, desde la perspectiva del diputado de esa fracción legislativa, Gaspar Quintal Parra.

En sus palabras, expresó también que los asentamientos urbanos justos contribuyen a una vida digna y el ejercicio pleno de los derechos humanos, por lo cual, aprobar este derecho hoy “nos da la posibilidad de habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar de ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna”.

Éste, apuntó, también será ahora el eje para abordar nuevas leyes con los retos que enfrenta la sociedad, entre ellos, el crecimiento urbano desordenado que necesita frenarse para comenzar a planificar y construir un mejor lugar, así como para el combate a la desigualdad y la brecha para las personas en situación de pobreza.

“Debemos impulsar una renovación urbana del espacio público, la movilidad sustentable, el respeto por el ambiente limpio, sano y equilibrado”, opinó.

Ahora, deberán adecuar la legislación secundaria, informó, pues toda aquella que aborde asentamientos humanos, ordenamiento territorial y crecimiento urbano, tendrán que modificarse, así como integrar a los 106 Ayuntamientos del Estado.

La diputada Alejandra Novelo Segura, representante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) celebró que esta aprobación “implica un cambio de paradigma, a partir de hoy, debe de iniciarse además de un proceso de reflexión, un cambio en la forma en que como ciudadanía vivimos la ciudad, pero, sobre todo, cómo se diseña por parte del Estado, sus tres poderes, las políticas públicas para el uso, disfrute y desarrollo de los asentamientos humanos”.

Hoy en día, el reto principal, señaló, es que las discusiones miran únicamente a entornos urbanos; sin embargo, este derecho a la ciudad no es limitado para las urbes, sino también para los entornos no urbanos.

“ONU-Hábitat refleja esta idea al señalar el derecho a la ciudad como derecho a la ciudad/asentamiento humano, pues este derecho se les reconoce a todos los habitantes de un asentamiento humano, no sólo a aquellos de los entornos urbanos. Esta precisión es fundamental, pues no puede pensarse este derecho exclusivo de aquellos que viven en las urbes”, fue así como también lo expuso en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación y lograron aplicarlo en la Ley hoy aprobada.

Ahora, el diseño y planeación de asentamientos humanos deben ser democráticos, pero también considerar al ecosistema y privilegiar el bien común sobre el privado, visibilizó. “Adiós a las idea de que la ciudad existe para generar riqueza, ya sea por la producción, por el consumo, y entender que en la ciudad se debe de privilegiar lo común, lo colectivo, sobre lo privado; es un primer paso para cerrar el paso a la especulación financiera inmobiliaria y abrirla a nuevos horizontes democráticos e igualitarios, donde no se desplace ni despoje, sino se use y se disfrute el espacio”.

Edición: Ana Ordaz