Congreso de Yucatán busca considerar el embarazo una causal de feminicidio

El pasado 16 de marzo el Congreso del Estado de Yucatán turnó a la comisión de Justicia y Seguridad Pública la iniciativa para proteger a mujeres embarazadas, presentada por la fracción revolucionaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a la que se sumaron también diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC), Nueva Alianza y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). La reforma busca que privar de la vida a una mujer embarazada configure un feminicidio. 

La actual Ley en materia de protección a la mujer embarazada fue en el 2000 para el Código Penal, señaló la diputada Dafne López Osorio, en su posición de secretaria de la comisión, por lo que en esta ocasión prevén reformas al artículo 394 quinquies y 228 del Código Penal.

La violencia en contra de las mujeres es cualquier acción u omisión causada por su género, independientemente del ámbito en el que esta sea desarrollada, pues privan su libertad y seguridad, exponen como uno de los motivos para trabajar en la materia, señalaron. 

Con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 43 mujeres de cada 100 con al menos una relación de pareja han vivido violencia emocional, 22 económica, 23 física y/o sexuales, de las cuales 22 con agresiones físicas y ocho sexuales.

La iniciativa aborda también el feminicidio, el punto de violencia más extrema contra las mujeres por razones de género y, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia cometida por parejas en contra de su pareja embarazada pone en mayor riesgo de feminicidio a las mujeres.

En 50 por ciento de los casos, indica la OMS, la primera vez que una mujer fue golpeada por su pareja fue estando embarazada, por lo que la iniciativa pretende añadir al delito de feminicidio, en el artículo 394 quinquies  del Código Penal del Estado de Yucatán que privar de la vida a una mujer embarazada configure un feminicidio y sea, además, una agravante, pues actualmente la legislación no considera el embarazo como un motivo para catalogar al feminicidio.

Para garantizar la integridad de las mujeres embarazadas, también piden endurecer las sanciones para la violencia familiar con hasta ocho años de prisión e incorporar como tentativa de feminicidio el nacimiento prematuro del producto, alteraciones a la salud de forma temporal permanente o su muerte.

El diputado Eduardo Sobrino Sierra, del PRD, resaltó que la violencia familiar es un tema de salud pública y, cuando ésta ocurre en la etapa gestacional de la mujer, afecta a infancias, personas adultas mayores y el entorno en general.

Propuso que la pena sea de tres a ocho años de prisión (actualmente es de dos a siete) por el delito de violencia familiar, asimismo, incrementar el castigo máximo en dos terceras partes de la pena máxima si la mujer está embarazada o en seis meses posteriores al parto, por considerarse periodo de lactancia.

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Edición: Estefanía Cardeña