“Es muy importante decirle a la gente que se acerquen a desarrolladoras que realmente estén comprometidas con toda la parte de certeza jurídica, que estén comprometidas con dar un servicio a inversionistas, porque hoy en día muchos de los supuestos desarrolladores que hay en Yucatán no cumplen con nada de estas normativas”, advirtió Fernanda Santos, directora comercial de BOMA Desarrollos.
Lamentó que, en muchos de los casos, las desarrolladoras están vendiendo terrenos ejidales o no pueden escriturarse de inmediato y “estas son señales de alerta”.
Por eso, sugirió acudir con desarrolladoras que tengan todos sus procesos en regla y puedan orientarles para que la inversión realmente sea efectiva. Para identificar esto, apuntó, es necesario cuestionar si el terreno cuenta con todos los registros, si les pueden escriturar y si es o no ejidal.
Para asegurarse de esto, Alberto Miranda Gallardo, CEO de BOMA, expuso que en Yucatán el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy) permite conocer el historial registral y catastral de cada terreno y bien inmueble del estado.
Con esta información, destacó, pueden conocer la situación presente del lote en cuestión y el propietario, “si ves que no aparece o es terreno ejidal, es el primer foco rojo”.
Apuntó que, si además no cuenta con acceso carretero y cuando preguntas al respecto, te dicen que al entregarte en 10 años el gobierno del estado hará las calles, es también una señal para dudar; del mismo modo si no cuentan con instalación para la carga eléctrica y/o Internet.
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“Es muy importante acercarse con una desarrolladora confiable, ver que el desarrollo tenga accesos desde el día de hoy; que tenga permisos municipales, estatales y federales, sobre todo en temas ambientales; liberaciones del INAH; que sea propiedad privada y constituido en un fideicomiso y, de preferencia, en un régimen de propiedad en condominio, no de fraccionamiento”.
Esto último, informó, asegura que en ese lugar tendrán bacheo y alumbrado público, así como áreas comunes sin depender de recursos municipales o estatales.
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Edición: Ana Ordaz
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La Jornada
