Irving y Luciano, la primera pareja en contraer matrimonio homosexual en Progreso sin requerir amparo, han denunciado que son víctimas de discriminación y acoso en el ayuntamiento del municipio costero, en donde laboran; ante esto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), expuso que están priorizando intentar la conciliación sin que esto haya tenido éxito.
La pareja interpuso una queja ante la Codhey, ya que en el día de su boda les negaron el permiso a contraer matrimonio en el Pabellón del Amor ubicado en Progreso, sitio que fue creado precisamente para este trámite civil; posteriormente, acusan que sufrieron agresiones y hostigamiento en el ayuntamiento.
El titular de la Codhey, Miguel Sabido, reconoció que desde que ocurrieron los hechos la pareja interpuso la queja y aunque ha habido audiencias para procurar acuerdos entre los afectados y el ayuntamiento, esto no ha sido posible.
“Estamos tratando de que el asunto pueda llegar de algún modo a un acuerdo satisfactorio para ambas partes”.
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Dado que esto no se ha logrado, aseguró que la dependencia ha estado investigando y recabando informes, así como declaraciones y probanzas de la parte afectada, “si no se pudiera llegar a esos acuerdos, concluir las investigaciones y emitir la resolución correspondiente”.
Apuntó que Irving y Luciano exigen que cesen las agresiones de las que señalan ser víctimas aunque obtuvieron el permiso en el ayuntamiento para su matrimonio; éste último señala fue un malentendido.
Ante estos hechos, el ayuntamiento de Progreso debía ofrecerles acciones de reparación del daño, sin embargo, es sobre esto que no hay un acuerdo hasta ahora.
El titular explicó que debido al miedo de la pareja a ser objeto de más agresiones, ya cuenta con una medida cautelar para pedir que esto no ocurra, “hemos estado al pendiente de que no se les genere algún daño mayor”.
Desde su posición en la Codhey, señaló que espera encontrar una solución amistosa y que satisfaga a ambas partes; sin embargo, de no ser posible, al identificar quién es el servidor o servidora pública responsable, seguiría dictaminar una recomendación pidiendo la reparación integral del daño ocasionado.
Entre los puntos que tendrían que abordarse, apuntó, estarían la indemnización, la no repetición, entre otras garantías que la propia norma establece. “Muchas de las veces buscamos esos acuerdos porque a veces se logra lo mismo que se pide en la recomendación, pero en un acuerdo llegas a una solución más rápido y a mayor satisfacción de los afectados”.
Las recomendaciones, lamentó, por la naturaleza de los organismos defensores de derechos humanos, no tienen carácter vinculante, por lo que realizan recordatorios, visitas y convencimiento jurídico hacia las autoridades.
“Advertirles de que es mejor cumplir una recomendación, creo que una de las principales fortalezas de las recomendaciones es esta posibilidad de poder difundir, dar a conocer a la sociedad, esta especie de exhibición que se hace a las autoridades que violentan derechos humanos”.
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