Pese al compromiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de ya no otorgar más permisos para megaranjas en Yucatán, todavía existe la preocupación de que se sigan instalando estos proyectos en la región.
Viridiana Lázaro Lembrino, especialista en agricultura y cambio climático en Greenpeace México, indicó que hasta el momento no hay algún documento que avale las declaraciones de la dependencia federal. “Todavía no hay una respuesta contundente de la Semarnat... nuestra exigencia es que no se sigan dando más permisos”, indicó.
En el mes de julio pasado, comunidades mayas del estado de Yucatán dieron a conocer que -luego de una reunión- el gobierno federal, a través de la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, se comprometió a respetar la voz del pueblo afirmando que no otorgará ni un permiso más para el establecimiento de mega fábricas de cerdos en Yucatán.
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Lázaro Lembrino reconoció que existe una preocupación de que se sigan instalando más de estos proyectos en el estado, ya que no hay nada concreto por parte de la autoridad de medio ambiente. “Hasta el momento sólo es un discurso, todavía no hay nada oficial, un documento que compruebe que esto ya no seguirá”, agregó.
Por lo tanto, la organización exige una moratoria para que ya no se construyan más granjas y, además, que se regulen y se revisen las que siguen operando hoy en día en toda la península y se cierren las que no cumplan y contaminen.
La activista recordó que, de acuerdo a su estudio La carne que está consumiendo al planeta ¿Qué hay detrás de la industria porcícola en la península de Yucatán?, alrededor del 90 por ciento de las granjas que operan en la zona no cuentan con Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), es decir están en la ilegalidad.
También, pidee que haya una ordenación del territorio para que no siga ocurriendo esta situación.
Añadió que, si una granja desea abrir en la región, debe contar con una MIA autorizada por la Semarnat, por lo que igual exigen que no se otorguen estos premios.
En mayo del 2021, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró cuatro granjas porcícolas en la península de Yucatán porque carecían de permisos de impacto ambiental, causaron daños a la biodiversidad y no presentaron resultados de descargas de aguas residuales.
Sin embargo, Lázaro Lembrino indicó que al dar seguimiento de este caso no se ha tenido una respuesta clara por parte de las autoridades, por lo tanto, no saben si estas granjas ya no siguen operando.
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