Las comunidades están luchando por defender el patrimonio que les dejaron los mayas: su agua, su territorio, el aire y sus recursos naturales de las amenazas que representan los megaproyectos, los cuales, según expusieron, causan desastres, enfermedades: “nos están quitando las cosas que nos sirven para vivir”, sentenció Leydy Pech Martín, originaria de Hopelchén, Campeche e integrante del Colectivo Maya de los Chenes.
“Están desapareciendo nuestra vida y nuestro territorio. Hace tiempo nuestros ancestros heredaron el territorio maya y nos los están quitando. En vez de garantizar la vida nos destruye; están haciendo cosas en nuestro territorio que no deberían ocurrir”.
Como parte de las conclusiones del foro Desarrollo Comunitario, Biodiversidad y Derechos Humanos en la Península, que se realizó este 29 de agosto, comunidades mayas, activistas y organizaciones civiles dieron a conocer este martes un posicionamiento para defender su territorio frente a los megaproyectos extractivistas como granjas porcícolas, el “turismo depredador”, industria inmobiliaria, entre otros.
“No puede haber desarrollo con desigualdad y con la riqueza concentrada en unas cuantas manos. No hay desarrollo en la Península de Yucatán si no es para todas y todos”, manifestaron.
El documento está respaldado por decenas de activistas y agrupaciones como Greenpeace México, Indignación, Kanan Derechos Humanos, el Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán, entre otras.
A Leydy Pech le acompañaron José May, de Ka’nan Ts’onot, Guardianes de los Cenotes, Martha Tun Chuil y Alberto Rodríguez Pisté, ambos del Consejo Maya del Poniente de Yucatán Chikin’ja, quienes expusieron que la península de Yucatán enfrenta una grave crisis ambiental generada por megaproyectos extractivistas como las fábricas de cerdos, el despojo, el modelo inmobiliario, la agroindustria y los monocultivos, parques eólicos y solares, los proyectos turísticos y el gran ecocidio generado con el proyecto del Tren Maya.
“No aceptamos la continua violación de nuestros derechos humanos al agua, al medio ambiente, a la tierra y el territorio, a nuestra libre determinación y autonomía. Luchamos contra la resignación, las cosas sí pueden cambiar y deben hacerlo (...) nuestro territorio es uno”.
Edición: Laura Espejo
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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