Este Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito –28 de septiembre– inició en Mérida con una manifestación en las puertas del Congreso del Estado de Yucatán donde activistas se pronunciaron por la falta de avances en la iniciativa para despenalizar el aborto en la entidad.
La exigencia, dijo Clara Rosales, representante de Mujeres Unidas por la Despenalización del Aborto en Yucatán, es que se retome el tema e inicien con foros y parlamentos abiertos para escuchar sus voces, “es un derecho de justicia social y es un derecho de salud pública porque mujeres mueren por eso y es parte de los derechos sexuales que tenemos el acceso a los servicios públicos y seguros”.
Resaltó que no se trata de un tema de partidos políticos, sino de derechos humanos, salud y la decisión de cada mujer, “si van a proteger la vida, entonces hay que hacerlo y la vida también es nuestra”.
“Todos los días, las mujeres y las personas gestantes nos sometemos a un sistema patriarcal que nos criminaliza y nos amedrenta por exigir que las instituciones públicas legalicen nuestro derecho a decidir”, señalan en su pronunciamiento como agrupación.
Estas decisiones, visibilizaron, no finalizan por la criminalización del aborto, pues es llevado a cabo con o sin legalización, de ahí que pidan que sea reconocido para hacerlo de forma segura y gratuita. “Hoy oponemos resistencia, pisando esta soberanía, porque nuestro corazón late con la fuerza que el deseo de nuestro bienestar alimenta y no pararemos, la rebeldía será nuestra bandera hasta que nuestros derechos sean garantizados, tenemos la certeza de nuestra fuerza y la certeza de nuestros derechos, este movimiento se nutre de nuestros corazones”.
Aseguraron que ninguna mujer nace queriendo abortar sólo porque sí, por lo cual acompañan y recuerdan a aquellas que fallecieron como consecuencia de estos procedimientos, especialmente reconociendo que “las mujeres y personas gestantes de clase media alta y alta cuentan con mejores recursos que las mujeres de clases populares para acceder a dicho tratamiento”, mientras que las personas con dificultades económicas viven las consecuencias de un Estado que no reconoce sus derechos.
Tras la lectura de su pronunciamiento, entregaron en el Poder Legislativo el pliego petitorio con la exigencia de modificar la Constitución Política del Estado de Yucatán que, desde el 2009, señala que la vida inicia desde la concepción; asimismo, piden que la interrupción del embarazo sea un proceso gratuito y seguro para evitar la clandestinidad que las pone en riesgo.
Edición: Ana Ordaz
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