Desde el Cabildo de Mérida, aprobaron por unanimidad modificaciones a la normatividad para que exista la justicia cívica y el castigo mediante penas de cárcel o multas no sea la única alternativa ante conflictos que no son un delito.
Celia Rivas Rodríguez, regidora del Partido Acción Nacional (PAN), informó que esta semana el Cabildo de la Ciudad de Mérida aprobó por unanimidad el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, contemplando la justicia cívica.
Con esto, explicó, uno de los aspectos más importante son los mecanismos alternos de solución de controversias. “Viene en este reglamento, en estas reformas, que no solamente es sancionar, sino que también el trabajo social”.
Abundó que no todas las sanciones tienen que ser con cárcel o multas, cuando los conflictos cometidos no son delitos, “se puede resolver de otras maneras y una de esas maneras es, por ejemplo, el trabajo comunitario”.
El trabajo comunitario es una de las vías para sancionar, mirando que esto puede aportar para que la ciudad siga siendo segura y que, en particular ante rencillas en el centro donde la policía tiene injerencia, permite que sean atendidas y eviten que lleguen a ser delitos.
“Es uno de los primeros estados que vamos a tener este tema de justicia cívica y esperamos que sea para bien, estamos trabajando mucho desde la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito para que esto se dé.”
Con el avance en la reglamentación de la policía, detalló, hicieron modificaciones generales, dando paso al sistema de justicia cívica, por lo que ahora necesitarán realizar otras modificaciones para complementar en ese mismo sentido.
Ahora, dijo, iniciarán capacitaciones sobre este nuevo reglamento para toda la policía de Mérida, “vamos a empezar a hacer otros reglamentos que tienen que venir junto con la reforma que se hizo al Reglamento de Policía y Buen Gobierno que es el Reglamento de los Juzgados Cívicos”.
Espera que en las siguientes semanas ya cuenten con un nuevo proyecto para poner a consideración en el Cabildo para que el Reglamento de Juzgados Cívicos también forme parte de la normatividad en la ciudad, alineándose a lo contemplado en el de Policía y Buen Gobierno.
Edición: Emilio Gómez
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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