De acuerdo con datos de Alternativa, Kóokay y Yucatán Feminicida, de 2008 a la fecha, 86 mujeres han sido víctimas de feminicidio en el estado; además, las llamadas al 911 por violencia de género incrementaron 18.6 por ciento de 2021 a 2022.
Aunado a esto, las agrupaciones indicaron que las desapariciones de mujeres persisten en el estado, ya que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, son 93 las féminas que están siendo buscadas por alguna persona familiar, la mayoría entre los 15 y 19 años.
La Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy) expuso que en lo que va del año, según cifras obtenidas y depuradas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tres mujeres han sido asesinadas en la entidad y dos han sido víctimas de tentativa de feminicidio.
Mientras que, durante el 2022, según el observatorio de Amisy, se registraron seis feminicidios en la entidad, de los cuales sólo en dos casos se ha logrado una sentencia; en uno el presunto feminicida se suicidó.
En lo que va del 2023, 19 mujeres han sido víctimas de violencia en razón de género y 795 han sufrido de violencia, lesiones por parte de su pareja, familia o desconocido; en 2022 fueron 234 mujeres víctimas de violencia de género y 2 mil 959 víctimas de lesiones por parte de su pareja, familiar o desconocido.
Como parte del Día Internacional de las Mujeres, las organizaciones denuncian la falta de cumplimiento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia en Yucatán por parte de las autoridades del estado. “La muestra son los 86 feminicidios que se han documentado de 2008 a la fecha”, subrayaron.
De acuerdo con las organizaciones, a 15 años de la aprobación de esta ley, su implementación ha sido deficiente: La violencia feminicida sigue cobrando víctimas en el estado, señalaron.
Sólo este año, tres feminicidios han causado la indignación de la sociedad yucateca los casos de Yeimy Berenice, Fernanda Gual y Silvia Elena Ojeda. “Esto demuestra que las políticas públicas del gobierno del Mauricio Vila –y sus antecesores– no han sido suficientes para erradicar la violencia contra las mujeres, objetivo de la Ley de Acceso”, sentenciaron.
Resaltaron el “notable” incremento en el número de llamadas al 911 por motivos relacionados con la violencia de género; en 2021 se realizaron, en promedio, 54 llamadas por estas emergencias al día, en 2022, hasta el mes de octubre, el promedio alcanzó las 64 llamadas diarias, según datos de Yucatán Feminicida.
De acuerdo con sus datos, de marzo de 2018 a octubre de 2022, suman 100 mil 293 llamadas, donde los municipios que concentran el mayor porcentaje son Mérida con el 62 por ciento, Kanasín con el 13 por ciento y Umán, Progreso y Valladolid, que juntos suman un 11.8 por ciento.
Cambios legislativos no funcionan
Por otro lado, las organizaciones civiles señalaron que los cambios legislativos que se han implementado en diversas leyes no han demostrado que protejan a las mujeres y les garanticen una vida libre de violencias.
Por ejemplo, en julio de 2021, el Congreso del Estado aprobó una modificación al delito de feminicidio para incrementar la sanción en prisión a 65 años.
Un mes después, también aprobaron hacer de este un delito imprescriptible, es decir, que se pueda sancionar independientemente del tiempo que pasó desde que se cometió.
En julio de 2008, también se adiciona el delito de inseminación artificial e intimidad personal. Más adelante, en abril de 2011, se aprobó el delito de esterilidad provocada.
A partir de marzo de 2020 se agregó el delito de ciberacoso y en junio de 2021, se adicionaron los delitos de Violencia institucional y Violencia obstétrica.
En junio de 2022 se tipificó la violencia vicaria y el suicidio feminicida, definido como quien induzca, obligue o preste ayuda a una persona del género femenino para privarse la vida, valiéndose de determinadas causales.
Un poco después, en octubre de 2022, se aprobó el delito de violación a la intimidad sexual.
Sin embargo, a pesar de los cambios legislativos, “no se ha demostrado que estas reformas penales estén protegiendo de manera más amplia a las mujeres en el estado y, peor aún, representan medidas idóneas o complementarias a las políticas públicas para prevenir la violencia machista”.
Por ello, exigieron al Estado, a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que, en el marco de sus competencias y facultades, cumplan con su obligación de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
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