Amnistía Internacional México condenó las detenciones ilegales que realizó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en contra de manifestantes, el pasado miércoles 22 de marzo, durante una marcha en solidaridad con el pueblo maya de Sitilpech.
“Es inaceptable la represión en contra de personas que se manifestaban en Yucatán en solidaridad con la comunidad de Sitilpech”, manifestó la agrupación.
A su vez, externaron preocupación por las declaraciones hechas por la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) sobre la legalidad de las detenciones.
En una entrevista, el visitador general de Codhey, Francisco Javier Mendoza Aguilar aseguró que en “México las detenciones realizadas por personas vestidas de civil y a bordo de autos particulares son admitidas por la ley”.
“La propia Constitución establece que cualquier persona que vea, en su caso, la comisión de un delito en flagrancia, lo puede detener un particular o un servidor público, es decir, un policía, en nuestra ley no nos dice que necesariamente tiene que ser un policía uniformado el que detenga”, declaró.
El pasado sábado 25 de marzo, durante una audiencia realizada en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM), el Juez de Control, Santos May Tinal, determinó que la detención de Sofía y Sebastián, realizada por elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI), perteneciente a la SSP fue ilegal. Por lo tanto, ordenó su inmediata liberación.
Al dictar la resolución, el juez calificó como “ineficiente” el “desafortunado” operativo ejecutado el día de la protesta.
En otra audiencia, la Jueza Diana Garrido Colonia indicó que la detención de Daphne y Andrew fue legal, la Fiscalía General del Estado (FGE), querían vincularlos a proceso por los delitos de portación de armas, desobediencia y lesiones.
Sin embargo, el equipo jurídico solicitó la duplicidad del término legal para definir su condición jurídica, por lo cual la jueza reprogramó su audiencia de vinculación para el próximo 29 de marzo. También salieron libres.
“La protesta social es un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado”, indicó Amnistía Internacional.
Ante este panorama, el organismo exige: A la FGE investigar las irregularidades en que incurrieron los servidores públicos: a la Codhey investigar las violaciones a los derechos humanos particularmente, “el uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias, con base en los estándares internacionales de derechos humanos”.
Al gobierno de Yucatán, garantizar el derecho a la reunión pacífica, así como el derecho a la libertad de expresión.
“Los arrestos a las personas que supuestamente estaban cometiendo un delito no suelen funcionar como una respuesta auténtica para enfrentar los delitos cometidos en el país, sino que son principalmente contra personas históricamente discriminadas”, sentenció Amnistía.
Edición: Laura Espejo
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