Este 2023 Yucatán tendrá que contar con un presupuesto asignado para la comunidad LGBTTTI, así lo estipuló una sentencia tras una demanda promovida por el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (CPTFY) y Amicus ante la falta de recursos para políticas públicas de este grupo poblacional.
César Briceño, representante del CPTFY, recordó que fue el pasado 10 de febrero de este año cuando, junto con AMICUS, presentaron un amparo en contra del Gobernador del Estado de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, y el Congreso del Estado por la ausencia de una partida presupuestal destinada a restituir y garantizar los derechos de las personas LGBTTTI.
Ahora, el Juez Quinto de Distrito con sede en Mérida reconoció que tiene que existir esta partida presupuestal, por lo que sentenció (el 13 de junio del 2023) que deberán asignar los recursos para crear políticas públicas para atender, restituir y garantizar los derechos de las personas LGBTTTI en Yucatán.
“Esperamos que el Gobernador Mauricio Vila y el Congreso de Yucatán tomen las medidas necesarias para cumplir con la sentencia de amparo a la brevedad, ya que en lo que va de esta administración no se ha creado ni implementado ningún tipo de política pública dirigida a la población LGBTQ+”.
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Violencia Institucional
La falta de estas políticas públicas de atención y protección a la comunidad diversa, señaló, es violencia institucional que invisibiliza y vulnera a las personas LGBTTTI.
“Cualquier intento por retrasar aún más la inclusión de esta partida presupuestal y cumplir con la sentencia se vería, no solo como una falta de voluntad política, sino como un acto de violencia institucional contra la población LGBTQ+ en Yucatán”.
Aprovechó también para recordar que el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Víctor Hugo Lozano Poveda, cuando interpusieron el amparo, aseguró que el legislativo acatará la sentencia del Juez, momento que ha llegado.
Enfatizó que el recurso que asignen debe ser para políticas públicas integrales que restituyan y garanticen los derechos de las personas LGBTQ+ en Yucatán “y no debe ser confundido por el Ejecutivo con un presupuesto para festivales, espectáculos y autopromoción”.
Entre las acciones que mira pertinentes, refirió la realización de un diagnóstico para conocer a la comunidad y sus necesidades, logrando priorizar cuáles serían los primeros pasos a seguir en las políticas públicas.
Juan Pablo Delgado, representante de AMICUS, apuntó que esta es la segunda sentencia de este tipo en el país —en Guanajuato ocurrió la primera—, “ayuda a ir construyendo no nada más como un antecedente positivo para las personas LGBT en Yucatán, sino como un estándar que debería tener vigencia en cualquier Estado de la República”.
Celebró que la sentencia del juez de Yucatán especifica que el presupuesto deberá salir del anexo existente “a otros grupos vulnerables”, con 493 millones 755 mil 283 pesos, aunque no determina qué porcentaje deberán utilizar, el activista considera que deberá haber diálogo con colectivas, organizaciones y personas de la comunidad LGBT+ para determinar cuánto será necesario.
El también abogado hizo un llamado a las autoridades correspondientes para acatar la sentencia.
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