A pesar de que el estado crece a pasos gigantescos, el desarrollo inmobiliario no está regulado del todo. Lotes de inversión que incluyen promesas insostenibles, despojos de tierras ejidales, obras sin cuidado ambiental y el efecto de burbuja inmobiliaria son algunos aspectos que los profesionales de la industria piden que se regule.
Hace unos días, desde el Congreso del estado de Yucatán, avanzó la agenda en dicha materia. “Dentro de esta reforma se crea una Procuraduría Ambiental en el estado para cumplir lo aprobado, de lo contrario se aplicará un castigo a los desarrolladores inmobiliarios y a la gente que transgrede estos ordenamientos”, dijo el diputado Víctor Hugo Lozano Poveda.
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En sesión se aprobaron los proyectos de dictamen para modificar la Constitución Política; otro para expedir la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la Ley de Procuración de Justicia Ambiental y Urbana. Además, otro proyecto para modificar la Ley de Gobierno de los Municipios, la Ley de Desarrollo Inmobiliario, la Ley de Vivienda y la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio.
Lozano Poveda externó que dentro de las reformas se garantizaría “que todo lo que ofrecen las inmobiliarias, como parques, canchas, casa club en caso de fraccionamientos privados, al momento de adquirir una vivienda o departamento, los desarrolladores tendrán primero que crear estas amenidades para la distracción y sano esparcimiento de las familias, antes de ofertar sus productos”.
AMPI pide regulación
Como representantes del gremio intermedio de la industria inmobiliaria, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Mérida (AMPI), elaboró un ante proyecto de iniciativa de ley desde hace ocho años. Consta de 19 páginas llamada “Ley estatal de prestación de servicios de intermediación inmobiliaria”.
“Es bastante sui generis que un gremio pida ser regulado, por lo general, los que están libre de regulación de alguna manera se quedan calladitos y siguen, pero nuestro concepto es la sustentabilidad a largo plazo” comentó Enrique Trava Griffin, líder de la AMPI en Mérida.
La agrupación plantea la creación de un registro estatal y proponen que los interesados puedan acceder a un sitio web del gobierno en el cual se pueda verificar si los profesionales inmobiliarios cumplen los reglamentos. Para poder acceder a este registro, la AMPI pide instaurar una licencia, como funciona en Estados Unidos, Europa y en gran parte de Latinoamérica, dijo Enrique Trava Griffin, titular de la asociación.
“Para nosotros es un tema sensible porque sí hay mucho que puede pasar, puede no ser una buena inversión, puedes meterte en problemas legales o fiscales si no hay una buena asesoría o, simple y sencillamente, que te metieron a invertir con un desarrollador que no cumple, que se atrasa o que le baja a la calidad de los materiales”.
El aumento de actividad en la industria también se constata con el número actual de agentes inmobiliarios.
Tal sólo en 2022 la AMPI reportó un aumento de 60 por ciento en el número de empresas registradas, al pasar de 109 a los 174, lo cual marca un crecimiento histórico de la membresía, pasando de tener 362 profesionales inmobiliarios en el 2021 a 549, aumentando 52 por ciento en total y en el de agentes inmobiliarios fue de 48 por ciento para llegar a 375, siendo en ambos rubros un crecimiento que nunca se había registrado en Mérida.
“Estamos ante un boom inmobiliario. Basta con darte una vuelta por la ciudad y ver los espectaculares, te das cuenta de qué es lo que está sucediendo”, expresó Trava, aunado a esto, el sector inmobiliario “es sexy, por decirlo de alguna manera, existe la impresión de que hay mucho dinero y que no se trabaja tanto, pero es una percepción equivocada”.
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