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La Jornada Maya
19/06/2025 | Chichén Itzá, Yucatán
Una diligencia realizada por autoridades yucatecas para entregar la posesión de los hoteles “Mayaland” y “The Lodge at Chichén Itzá” ha generado una fuerte controversia legal, luego de que la empresa afectada, Inmobiliaria R4, denunciara que la acción se llevó a cabo en abierto desacato a resoluciones judiciales vigentes que suspendían dicho procedimiento.
El Gobierno del Estado de Yucatán, a través de un comunicado, informó que el operativo ejecutado el pasado miércoles 18 de junio se realizó a solicitud de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en cumplimiento a una resolución emitida por la Juez de Control del Distrito Judicial de Cancún. La diligencia, según el comunicado, forma parte de la carpeta administrativa 768/2022 y fue llevada a cabo de manera coordinada por elementos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, la
Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Estatal de Investigación, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.
Sin embargo, Inmobiliaria R4 —empresa que hasta entonces operaba los inmuebles— sostiene que la entrega de los hoteles se efectuó ilegalmente, en contravención directa a una orden judicial de suspensión emitida cinco días antes, el 13 de junio de 2025, dentro de la carpeta administrativa 687/2022. En dicho auto, el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Cancún decretó la nulidad absoluta del acuerdo que autorizaba la devolución de bienes e instruyó suspender cualquier acción hasta el 11 de julio, fecha en que se resolvería en definitiva.
R4 asegura que la notificación de esta nulidad fue debidamente entregada a la Fiscalía yucateca antes de la diligencia del 18 de junio, por lo que califica la acción de desalojo como un “despojo”, sin sustento legal. Además, recuerda que el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Estado de Yucatán ya había determinado en octubre de 2023 que las autoridades quintanarroenses carecen de competencia para intervenir en este asunto, pues los bienes se encuentran ubicados en territorio yucateco.
En el trasfondo del conflicto subyace un litigio mercantil entre Inmobiliaria R4 y Fernando Eugenio Barbachano Herrero. Según R4, desde agosto de 2020 existe un contrato de promesa de compraventa con Barbachano, quien entregó voluntariamente los inmuebles y ha recibido hasta la fecha 4.5 millones de dólares, además de que R4 consignó otros 1.5 millones ante el juzgado federal mercantil de Mérida como parte del Juicio Ordinario Mercantil 512/2024.
No obstante, la empresa acusa a Barbachano de actuar de “mala fe” al incumplir el contrato, negarse a concluir la venta y, al mismo tiempo, intentar recuperar los inmuebles sin devolver el dinero recibido.
“Inmobiliaria R4 rechaza enérgicamente estas acciones contrarias a derecho y hace un llamado a las autoridades para que se respete el marco legal vigente”, concluye el comunicado de la empresa, que asegura continuará la defensa de sus derechos por las vías legales correspondientes.
Edición: Emilio Gómez
