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Astrid Sánchez
18/02/2026 | Mérida, Yucatán
Al respecto, Kelly Ramírez, directora de Igualdad Sustantiva Yucatán A.C., dijo que el incrementar las penas hasta 70 años de prisión para quien cometa un feminicidio y aplicar sanciones a funcionarios que obstaculicen investigaciones sí es un avance jurídico importante, pero también es crucial erradicar las raíces del problema.
“La violencia de género está vinculada a normas sociales como las desigualdades estructurales y, por supuesto, la falta de prevención en comunidades, escuelas y espacios públicos. Por lo que también es importante que aparte de que se haya aprobado esta decisión del feminicidio, pues también se establezcan políticas públicas con perspectiva de género que combinen educación, prevención, atención integral a mujeres en situaciones de riesgo. Endurecer las penas puede enviar una señal política firme contra el feminicidio, pero la verdadera transformación requiere estrategias integrales para la prevención de la violencia que acompañan a sobrevivientes y transformen las estructuras que perpetúan la misoginia en Yucatán”, sentenció Kelly.
El decreto 163/2026, publicado en el
Diario Oficial del Gobierno del Estado, establece una pena de hasta 70 años de prisión a quien atente contra la vida de una mujer y, en caso de menores de 18 años, los agresores recibirán una condena máxima de 65 años.
La reforma, entre otras cosas, también alcanza a los servidores públicos con penas de cinco a ocho años de prisión a la autoridad que omita iniciar la investigación como probable feminicidio, filtre información, fotos, videos o evidencias de la investigación. Además, será destituida e inhabilitada de cinco a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Al respecto, la activista Nancy Walker señala que se han realizado estudios que comprueban que elevar las penas no favorece la disminución del feminicidio y lo que debería atenderse de forma inmediata es el presupuesto para la prevención.
“Se tiene que trabajar en todos los niveles porque es a nivel estructural, familiar, educativo, etcétera, porque es desde una cultura que permite que las personas, en este caso los feminicidas, sientan que la vida de las demás les pertenece. El feminicidio cometido es la máxima expresión de la violencia, pero en la inmensa mayoría de los casos, una mujer que es víctima de un feminicidio es porque ya había vivido una situación de violencia, es decir, hay antecedentes, entonces, hay que invertir recursos en la prevención y garantizar que exista personal calificado y preparado para trabajar en estas áreas. Que los alcaldes y alcaldesas del interior se comprometan a ver por las mujeres en los diferentes municipios”.
Esta misma visión la comparte Adelaida Salas, representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en Yucatán, quien señaló que este decreto no debe considerarse un logro para la justicia.
“De nada sirve cuando la Fiscalía y los jueces presionan para que la familia se vaya a un juicio abreviado. El acusado reconoce que cometió el feminicidio y le dan 12, 15, 30 años. Un logro sería que no haya ni un solo feminicidio, que las Secretarías y todo el gobierno trabaje en la prevención porque no hay nada de prevención, no hay atención y no hay sanción”, declaró.
Las tres entrevistadas coincidieron en que el endurecimiento de las sanciones no garantiza la protección de las mujeres porque en realidad castiga algo que ya sucedió y no evita que suceda.
Además, advirtieron sobre las incongruencias en los procesos penales que permiten que los delitos no sean sancionados de forma correcta.
“Diferentes colectivos feministas desde hace años han señalado la impunidad como parte de un ciclo de violencia machista también, debido a todas estas deficiencias que también se enfrentan conforme al sistema y lo tardado que es acceder a cualquier tipo de justicia y los procesos que son demasiado largos. Es crucial advertir que el castigo penal por sí solo no erradica las raíces del problema”, manifestó Kelly Ramírez.
Por ello, exhortaron a gobiernos de los tres niveles y a integrantes del Congreso de Yucatán a reforzar las acciones de prevención que garanticen la seguridad de las mujeres.
