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La Jornada Maya
25/06/2026 | Mérida
Comunidades mayas organizadas lucharon durante siete años en contra de dos megaproyectos solares fotovoltaicos que pretendían instalarse y operar en Yucatán, pese a sus impactos negativos al medioambiente y a los elementos culturales de la población.
Tras realizar todos los procedimientos legales correspondientes, finalmente las comunidades de San José Tipceh y Planchac obtuvieron una sentencia a favor que les ampara frente a la violación de sus derechos al territorio y a un medio ambiente sano.
La lucha comenzó en 2019, cuando las comunidades mayas se organizaron y presentaron una demanda contra los megaproyectos solares fotovoltaicos denominados Ticul A y Ticul B, los cuales pretendían construirse y operar en los municipios de Muna, Sacalum y Ticul.
Estos proyectos contemplaban la instalación de un millón 183 mil 500 paneles fotovoltaicos y la remoción de 603 hectáreas de selva.
De acuerdo el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda), organización no gubernamental que acompaña a los demandantes, la Evaluación de Impacto Ambiental se realizó de manera separada, es decir, fragmentando los impactos ambientales, sociales y culturales que tendrían ambos parques solares.
“Entre dichos impactos figuraban la fragmentación del ecosistema, la afectación a los servicios ambientales que proporciona la selva media para las plantas, animales y personas de las comunidades cercanas; daños a especies de flora y fauna protegidas, así como a la función de polinización de abejas y murciélagos; dificultad para acceder al agua y afectaciones a las funciones de recarga del acuífero; incremento del riesgo de impacto de huracanes; incremento en la temperatura local; generación de residuos peligrosos, así como restricciones en el acceso al territorio, afectaciones al paisaje y pérdida de elementos culturales de las comunidades mayas”, detalló el Cemda.
Durante este proceso, en 2023 un Tribunal Colegiado otorgó la suspensión definitiva de los efectos de los permisos de los megaproyectos solares, lo que logró detener el inicio de obras de su construcción.
Posteriormente, en noviembre de 2025, un Tribunal Colegiado emitió una sentencia definitiva en la que ampara y protege a las comunidades mayas y ordena a la autoridad ambiental dejar sin efectos las autorizaciones de los megaproyectos Ticul A y Ticul B, que permitían la construcción, el desmonte de 603 hectáreas de selva y la operación por 40 años de estos megaproyectos.
Y en abril pasado, la autoridad ambiental (Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), notificó que emitió diversas resoluciones administrativas que dejan sin efectos los oficios que contienen las Autorizaciones de Impacto Ambiental y de Cambio de Uso de Suelo de ambos megaproyectos solares.
El Cemda recordó que estas decisiones judiciales constituyen una reivindicación de los derechos de las comunidades a gozar de un medio ambiente sano, a que se respete su tierra, territorio y su patrimonio natural, así como a que se les informe y se les permita participar y acceder a la justicia en las decisiones sobre desarrollos e infraestructura que impliquen afectaciones al lugar donde habitan y su modo de vida.
“Este caso sienta un importante precedente a nivel nacional para que tanto los particulares como las autoridades emprendan una transición energética justa, que sea respetuosa de los derechos colectivos de las comunidades y las considere adecuadamente en las decisiones que se tomen en proyectos de esta naturaleza”, resaltó.
Estas sentencias se suman como la dada a conocer este miércoles 24 de junio en la que vecinos de la colonia San Damián ganaron un litigio contra la instalación de gasoductos y otra emitida por la Suprema Corte de la Nación (SCJN) hace unas semanas que reconoce el derecho de las comunidades a estar informadas sobre los proyectos de desarrollo en su territorio.
