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Astrid Sánchez
24/06/2026 | Mérida
Integrantes del colectivo Defensores de San Damián informaron que un Tribunal Colegiado ratificó dos sentencias a favor de la comunidad para frenar las obras de construcción de un gasoducto en la colonia San Damián, en Mérida, las cuales iniciaron en 2021 sin tomar en cuenta las afectaciones a la ciudadanía.
Tras varios años de litigio, el colectivo, acompañado por la organización no gubernamental Kanan Derechos Humanos, logró la resolución definitiva contra la empresa Tractebel GNP S.A. de C.V., la cual obliga a la suspensión total de su instalación y también exige la apertura al diálogo con los vecinos antes de intentar su reactivación.
Rocío Borges, integrante del colectivo, detalló que fue en 2021 cuando vieron que trabajadores empezaron a hacer zanjas y meter tubos y cuando preguntaban les decían mentiras, como que se trataba de agua potable o luz, lo que empezó a inquietar a los vecinos, quienes se unieron hasta descubrir la verdad, fue entonces que promovieron los amparos para evitar el paso de gas natural.
Además, también se reclamó el derecho a la información pública y la participación vecinal ante las autoridades municipales. Y aunque los amparos fueron admitidos, la empresa promovió un recurso de revisión, el cual dilató la situación y mantuvo a la expectativa a los inconformes, pero finalmente fue resuelto y es por ello que ahora se considera resolución definitiva que protege a la comunidad.
“Significa que ya existe una sentencia firme que deja sin efecto los permisos para la implementación del gasoducto”, explicó Miguel Anguas, abogado de Kanan Derechos Humanos, quien destacó el logro gracias a la movilización de las y los vecinos.
Esta obra fue avalada en su momento por autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes nunca informaron a la población sobre el trayecto y los alcances del gasoducto.
Por ello, advirtieron que no permitirán su instalación ni su operación en una zona urbana donde consideran que se pone en riesgo a su población.
Este triunfo, aseguran, sienta un precedente en la lucha contra los megaproyectos que llegan a Yucatán, ya que toma en cuenta el derechos de las personas a acceder a información sobre desarrollos que se lleven a cabo en su territorio.
“Las empresas toman decisiones y las personas se enteran cuando ya están las obras. Lo que hoy demuestra San Damián es que la ciudadanía puede organizarse y exigir que se respeten sus derechos”, expresó Roberto Sánchez, abogado de Kanan.
Tras haber conocido la resolución del Tribunal Colegiado, el colectivo Defensores de San Damián hizo un llamado enérgico a la Dirección de Desarrollo Urbano de Mérida para que cumpla lo dictado por los jueces de forma inmediata, transparente y sin poner obstáculos en el camino.
