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La Jornada Maya
25/06/2026 | Mérida
Organizaciones ambientales, defensoras de derechos humanos y especialistas nacionales e internacionales solicitaron a un Tribunal Colegiado de Yucatán analizar a fondo el caso de la granja avícola Akutzá, de Bachoco, que pretende establecerse en Peto, Yucatán, y exigen que se demuestre que el proyecto no representa riesgos para el medio ambiente ni para el Sistema Lagunar de Chichankanab.
Las agrupaciones presentaron un Amicus Curiae dentro de la revisión del amparo 47/2025, promovido por ejidatarios de la zona que han manifestado su preocupación por los posibles impactos de la granja sobre el agua y los ecosistemas del sur de Yucatán.
El documento retoma criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Acuerdo de Escazú, los cuales establecen que, cuando existe la posibilidad de un daño ambiental, corresponde a las autoridades y a las empresas acreditar que sus proyectos no generarán afectaciones.
Las organizaciones señalaron que este criterio resulta especialmente relevante en la Península de Yucatán debido a la fragilidad de su suelo kárstico, donde los contaminantes pueden filtrarse con facilidad hacia cenotes, acuíferos y cuerpos de agua.
Por ello, consideraron que no debe recaer en las comunidades la obligación de demostrar daños antes de acceder a la justicia ambiental.
“Las autoridades y quienes promueven proyectos potencialmente contaminantes deben acreditar que dichos proyectos no generan riesgos para el medio ambiente, el agua ni los derechos de las comunidades”, señalaron en el documento entregado al Tribunal.
El pronunciamiento ocurre luego de que el pasado 12 de junio los magistrados aplazaran la discusión de una resolución que podría desechar el amparo promovido por los ejidos del Sistema Lagunar de Chichankanab.
Las organizaciones advirtieron que una decisión que cierre el caso sin estudiar el fondo del asunto podría dificultar que otras comunidades defiendan de manera preventiva sus territorios y fuentes de agua frente a proyectos agroindustriales.
Asimismo, alertaron que México podría incumplir compromisos internacionales en materia ambiental y de derechos humanos si no se aplican los principios de prevención y precaución reconocidos en tratados suscritos por el país.
“La decisión que adopte el Tribunal tendrá implicaciones más allá de este caso, pues puede fortalecer el derecho de las comunidades a prevenir daños ambientales o, por el contrario, consolidar criterios que dificulten la defensa temprana de territorios, acuíferos y ecosistemas”, advirtieron.
Las organizaciones llamaron al Tribunal Colegiado a cambiar el sentido de su proyecto de resolución, y reconocer el interés legítimo de los ejidos, garantizar su acceso efectivo a la justicia ambiental y ordenar atender el caso conforme a los principios de prevención, precaución, in dubio pro natura y los más altos estándares de derechos humanos.
