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La Jornada Maya
14/08/2026 | Mérida
Colectivos y organizaciones mayas de la Península de Yucatán cuestionaron la propuesta de Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas al considerar que, pese a reconocer derechos importantes, mantiene una visión tutelar del Estado que podría limitar la libre determinación, la autonomía y la defensa del territorio de los pueblos originarios.
En un pronunciamiento, pobladoras y pobladores mayas de comunidades de Yucatán y Quintana Roo, junto con organizaciones firmantes de la Declaratoria de Emergencia Socioambiental en la Península de Yucatán, señalaron que la iniciativa representa un “contrasentido” porque traslada a instituciones gubernamentales decisiones que deberían corresponder a los propios pueblos.
Las organizaciones reconocieron como avances que la propuesta busque reconocer a las comunidades como sujetos de derecho e incorpore perspectivas de género, de futuras generaciones, personas migrantes y personas con discapacidad. También valoraron las medidas para proteger los saberes tradicionales, la lengua, la cultura y la posesión tradicional de tierras y territorios, particularmente en comunidades históricas que no han logrado obtener el reconocimiento y titulación de sus territorios ancestrales.
Sin embargo, advirtieron que el proyecto conserva mecanismos que podrían burocratizar el ejercicio de esos derechos y que no consideran la diversidad de las realidades de los pueblos indígenas de la Península.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el reconocimiento de las comunidades como sujetos de derecho público. Aunque la iniciativa contempla esa posibilidad, establece que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) tendría la última palabra para determinar qué comunidades cumplen con los requisitos legales y, posteriormente, inscribirlas en el Catálogo Nacional y publicar su reconocimiento en el Diario Oficial de la Federación.
Para los colectivos, esto significa que el Estado terminaría decidiendo quién puede ser considerado comunidad indígena. También cuestionaron que el procedimiento previsto sea demasiado complejo, pues podría dificultar que las comunidades accedan efectivamente a los derechos y prerrogativas derivados de ese reconocimiento. Por ello, pidieron modificar los artículos 30 y 31 para eliminar esos obstáculos.
Otro punto de preocupación es el acceso a los recursos naturales. Las organizaciones señalaron que el artículo 33 reconoce el derecho de los pueblos a disponer de ellos, pero introduce una limitación para las áreas consideradas estratégicas por el Estado, lo que dejaría en manos de las autoridades la posibilidad real de acceder a esos bienes.
También cuestionaron que la propuesta establezca una lista de autoridades indígenas reconocidas, pues consideran que esa fórmula no contempla las formas de organización y autogobierno existentes en la Península de Yucatán.
En materia de consulta, calificaron como grave que ésta dependa de que exista un “impacto significativo” y que sean la Secretaría de Gobernación y el INPI quienes determinen si se actualiza esa condición. Desde su perspectiva, la consulta debe realizarse cuando una medida administrativa o legislativa pueda afectar los derechos de un pueblo, sin sujetarla a una valoración previa de las instituciones.
El territorio y la protección ambiental ocupan otro de los puntos centrales del pronunciamiento. Aunque reconocen que el artículo 124 contempla el derecho a preservar el medio ambiente y la biodiversidad, plantearon que la ley debe reconocer expresamente las “guardianías indígenas”, al considerar que el papel de los pueblos no debe limitarse a participar en decisiones, sino incluir el reconocimiento de su responsabilidad histórica en el cuidado de sus territorios.
En ese punto mencionaron bienes y elementos bioculturales como las abejas y la meliponicultura, las semillas y el maíz criollo, el agua, los cenotes, la selva y el monte, cuya protección, sostienen, debe estar vinculada con el derecho de los pueblos a decidir sobre sus territorios y bienes naturales.
Los colectivos también pidieron ampliar el acceso al amparo indígena. Consideraron restrictivo que sólo pueda promoverse a través de autoridades indígenas o con el respaldo de 20 por ciento de la comunidad, debido a que las propias autoridades comunitarias pueden estar cooptadas por grupos de poder, incluido el Estado.
Defendieron que el amparo sea un mecanismo al alcance de todas las personas integrantes de los pueblos para enfrentar actos, omisiones o normas de autoridad que vulneren sus derechos colectivos. También sostuvieron que la libre determinación debe incluir la posibilidad de controvertir judicialmente decisiones de las propias autoridades comunitarias cuando éstas actúen contra los derechos colectivos.
En materia ambiental, plantearon además que los plazos para promover amparos no deben quedar sujetos únicamente al momento en que ocurre un acto administrativo, debido a que los daños ambientales pueden ser continuos, acumulativos e incluso irreparables. Por ello, propusieron que los juicios puedan promoverse mientras persistan los efectos del daño, bajo principios de prevención, precaución, progresividad, no regresión ambiental e intergeneracionalidad.
Los pueblos y organizaciones pidieron reconocer expresamente la pluralidad de sus formas de organización y dejar claro que el reconocimiento de un pueblo no puede depender de trámites administrativos. En particular, plantearon que la falta de inscripción en el Catálogo Nacional no pueda utilizarse para negar, suspender o limitar sus derechos.
El pronunciamiento fue suscrito por pobladoras y pobladores de Homún, Kinchil, Chablekal, Yaxcopoil, San José Tzal, Tebec, Tekit, Chocholá, Baca, Sitilpech, Mérida y comunidades de Quintana Roo, además del Colectivo Maya de los Chenes, Muuch-Kambal y el Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal.
