Greenpeace México e Indignación informaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó cinco proyectos de granjas en los municipios Tixmehuac y Maní, en Yucatán.
“El rechazo de estos proyectos de granjas porcícolas por Semarnat es un gran paso y una muestra de que se pueden hacer las cosas diferentes, es muestra de que es posible velar por los intereses y el bienestar de las comunidades, la población y el medio ambiente sin favorecer únicamente a pocas empresas”, indicaron en un comunicado emitido este 24 de agosto.
Ambas agrupaciones han denunciado en diversas ocasiones los impactos ambientales y sociales que las granjas porcícolas están ocasionando en la Península de Yucatán, desde la deforestación de alrededor de 10 mil 997 hectáreas de selva, la construcción de granjas en Áreas Naturales Protegidas (ANP), Sitios Ramsar y zonas indígenas, contaminación de agua, hasta la generación de gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero liberadas a la atmósfera, que fueron evidenciados en la investigación: “La carne que está consumiendo al planeta" .
Además, en dicho reporte también expusieron la ilegalidad en la que se encontraban las granjas porcícolas, los daños generalizados que estaban ocasionando en la población maya de la región y que a pesar de esto la industria porcícola pretendía duplicar su producción de carne de cerdo en el presente año sin importar los daños al ambiente o a las comunidades mayas que esto pudiera ocasionar.
De acuerdo con dichas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), los resolutivos emitidos por la Semarnat revelaron que las cinco granjas porcícolas pretendían ser ubicadas en asentamientos indígenas, por lo que es necesario contar con la consulta indígena, para aprobar la Manifestación de Impacto Ambiental y para realizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, de acuerdo con el artículo 61 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Precisaron en el boletín de prensa que estos proyectos porcícolas ya habían sido rechazados por la Semarnat desde el 21 de febrero del 2019, pero fueron ingresados nuevamente para ser sometidos a evaluación de impacto ambiental.
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