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Astrid Sánchez
09/09/2026 | Mérida
A meses de que concluyera el retiro de 41 mil 570 cerdos de la granja porcícola de Santa María Chi, la comunidad continúa a la espera de conocer formalmente la evaluación del daño ambiental ocasionado durante los años de operación de la empresa y, sobre todo, las medidas que deberán aplicarse para repararlo.
En tanto, habitantes de Molas acusan que las afectaciones no culminaron sino que fueron trasladadas a esta comisaría, donde se percibe el mal olor y se teme por las afectaciones al acuífero, mismo que abastece a la ciudad de Mérida.
Wilberth Nahuat Puc, comisario de Santa María Chi y uno de los principales defensores de la comunidad frente a la operación de la granja, señaló que la clausura definitiva y el retiro de los animales representaron un avance, pero todavía está pendiente una parte fundamental del proceso: determinar el impacto que dejó la actividad porcícola y establecer cómo será resarcido.
“Cómo resarcir el daño, cómo van a reparar”, cuestionó Nahuat, quien sostuvo que la comunidad seguirá vigilante hasta conocer el resultado del estudio y las acciones que se implementarán para atender las afectaciones.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó en mayo pasado el retiro total de los 41 mil 570 ejemplares porcinos de la Granja Porcícola Santa María, después de que en septiembre de 2025 impuso la clausura total definitiva por el incumplimiento reiterado de medidas correctivas, entre ellas la descarga directa de aguas residuales sin autorización y la omisión en la caracterización de lodos. Como parte de la resolución, la empresa también recibió una multa de 18 millones 668 mil 100 pesos.
En ese momento, la Profepa informó que la empresa debía presentar un Estudio de Daño Ambiental y, una vez aprobado, un calendario para ejecutar las acciones correctivas y de compensación correspondientes. Sin embargo, Nahuat señaló que ese documento todavía no ha sido entregado formalmente a la comunidad, por lo que los habitantes desconocen cuál será el alcance de las medidas de reparación.
“Profepa insiste en que quiere ir a la comunidad, pero no lo vamos a permitir hasta tener el estudio de daño del impacto ambiental, que lamentablemente lo hizo la empresa y no lo han entregado a la comunidad de manera formal”, afirmó.
El comisario cuestionó además la manera en que la autoridad federal ha realizado los muestreos para determinar las condiciones del agua. Explicó que habitantes de Santa María Chi han realizado sus propios monitoreos en más de 15 pozos de la comunidad, mientras que personal de Profepa acudió recientemente para tomar muestras únicamente en uno de ellos.
Nahuat consideró insuficiente que los estudios de la autoridad se concentren en otros puntos alejados de la comunidad, pues sostuvo que lo que interesa a los habitantes es conocer las condiciones de los pozos ubicados directamente en Santa María Chi y en las zonas aledañas a la antigua granja.
“¿Tan lejos para qué? No monitorearon en lo que está cerca y alrededor para ver ese impacto y ese daño. Lo vemos como una estrategia de ellos para decir ‘no hay esa contaminación’, cuando nosotros pedimos con los pozos de la comunidad hay esa parte de la contaminación”, sostuvo.
Para Santa María Chi, por ello, el retiro de los animales no representa el cierre del conflicto. La comunidad ahora busca que se determine qué ocurrió con el suelo y el agua durante los años de operación y qué acciones serán necesarias para recuperar las condiciones ambientales de la zona.
El proceso también ha estado marcado por el desmantelamiento de las instalaciones de la granja, pues aseguran que se ha detectado que estaba siendo trasladada hacia la zona de Molas.
Ese traslado es ahora motivo de preocupación para habitantes de comunidades cercanas, quienes señalan que parte de la actividad porcícola retirada de Santa María Chi habría sido distribuida hacia otras unidades en los alrededores de Molas.
Rogelio Narváez, habitante de esa comisaría, señaló que los cerdos y la infraestructura fueron llevados hacia zonas cercanas, donde identifican numerosas naves y donde también han denunciado olores, tránsito de vehículos pesados y posibles afectaciones ambientales.
La principal preocupación es que se siga afectando el acuífero de la región, que es el que abastece de agua a la ciudad de Mérida, por lo que alertaron que las afectaciones podrían ser devastadoras para todo el municipio.
Por ello, exigieron a las autoridades esclarecer el destino de los cerdos retirados de Santa María Chi y las condiciones de operación de las granjas aledañas a Molas.
