La marea verde en la Península: hacia la legalización del aborto

Colectivos a favor de que la mujer tenga derecho a decidir sobre su cuerpo
Foto: Twitter @serpervil

Desde 1990, el 28 de septiembre fue declarado como el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, en el marco del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe que se realizó ese año en San Bernardo, Argentina. La fecha elegida es también una conmemoración a ese 28 de septiembre de 1871 cuando en Brasil se promulgó la Ley de Libertad de Vientres, que por primera vez consideraba libres a hijos e hijas nacidas de mujeres esclavas.

Aunque es una fecha especialmente importante en América Latina, ha sido adoptada por otros países para visibilizar los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y la necesidad de despenalizar el aborto.  

Sólo dos entidades del país han despenalizado parcialmente el aborto hasta las 12 semanas: Oaxaca y Ciudad de México. Sin embargo, los 32 estados de la República Mexicana tienen mujeres organizadas para difundir los derechos sexuales que ya están reconocidos por las mismas constituciones locales pero no son aplicadas en la práctica, y la lucha contra la criminalización del aborto en la península del sur no es la excepción.

 

Yucatán: entre la criminalización y la desinformación

En Yucatán, prevalece la idea de que el aborto está prohibido porque la constitución estatal establece el derecho de la vida desde la fecundación. Sin embargo, las excepciones establecidas en el Código Penal para acceder legalmente a un aborto están por encima de esta reforma del 2009, como ya se explicamos anteriormente en el reportaje Maternidad Forzada: El mito del aborto legal en Yucatán, de Lilia Balam y de quien escribe este artículo.  

Las mujeres en Yucatán pueden abortar legalmente si fueron víctimas de violación,  si es resultado de una inseminación artificial no consentida, cuando es causado por un accidente, si la vida de las mujeres está en riesgo, cuando sea por causa eugenésica grave y si la mujer tiene tres hijos y ya no puede mantener a un cuarto; sin embargo, los últimos datos obtenidos en la investigación antes citada, arrojan que en 11 años (2009-2018) sólo 11 mujeres accedieron a su derecho, algunas de ellas tuvieron que presentar amparos o ser asesoradas por organizaciones civiles ya que el personal de los hospitales se negó a realizar el procedimiento médico.

A diferencia de otros estados, Yucatán no tiene funcionarios públicos que hayan externado interés en trabajar para la protección, legislación y promoción de los derechos reproductivos de las mujeres. Todo lo contario, los grupos antiderechos tienen una representación desproporcionada en instituciones públicas y la agenda por los derechos humanos en el Congreso del Estado tiene ya un retraso no sólo para las mujeres, sino también para las personas homosexuales.

Actualmente, está por dictaminarse en comisiones la propuesta de ley de la diputada panista Rosa Adriana Díaz Lizama, “Ley de Protección a la Maternidad y la Infancia Temprana”, que, en principio, en la exposición de motivos mencionaba constantemente la vida de los no nacidos y la importancia de proteger a la familia, así como “el fracaso” del aborto legal.  

No existe una voluntad política para comenzar el diálogo hacia un estado que permita a las mujeres elegir, ni para que las mujeres accedan a su derecho al aborto dentro de los marcos ya reconocidos en la ley. Tampoco existe una campaña de promoción de los derechos reproductivos por parte de ninguna institución instaurada para la protección de las mujeres. Los medios de comunicación continúan dando como “noticia” abortos espontáneos y partos prematuros sin perspectiva de género que abonan a la criminalización de las mujeres que por alguna razón, consentida o accidental, no son madres. Y ante las protestas de colectivas feministas y la Marea Verde hay dos respuestas: silencio o criminalización.

 

Quintana Roo: la esperanza  

Como en todo el país, el estado de Quintana Roo debe garantizar el aborto en casos de violación, pero en muchos casos no se cumple porque los médicos solicitan una denuncia de violación o alegan objeción de conciencia.  

Gracia Alzaga, abogada feminista perteneciente al colectivo Defensoras Digitales, dice en entrevista que han identificado dos casos de mujeres que están en la cárcel por aborto, aunque procesadas por delitos como homicidio en razón de parentesco: “No las procesan por aborto porque saben que esto atenta contra los derechos humanos y fácilmente se puede meter un amparo para que un juez determine que el delito no es punible”.

Sin embargo, Quintana Roo ha avanzado mucho más en el tema de la despenalización del aborto que Yucatán y Campeche, pues existe una apertura por parte de las instituciones públicas para trabajar con colectivos y asociaciones feministas.  

“En los últimos meses hemos tenido mesas de trabajo con el Centro de Justicia de las Mujeres, el Instituto Quintanarroense para la Mujer y la Fiscalía. Nos sentamos para hablar de derechos sexuales y reproductivos que incluye la violencia obstétrica y a que nos expliquen cuál es su proceso de la Norma 046”, comenta.  

Un representante de la Secretaría de Salud les informó que aunque un médico alegue objeción de conciencia, la institución busca a otro y le dan acompañamiento a la víctima en todo el proceso. Pero quedan todavía pendientes: el registro de los casos, la generación de información estadística que permita conocer la situación a profundidad y una difusión de los derechos reproductivos para que las víctimas sepan su derecho.

También han presentado cuatro iniciativas para la despenalización del aborto en Quintana Roo. Una de ellas en la legislatura pasada, presentada por el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, como una recomendación por la Alerta a la Violencia de Género. “[Lo hizo] para dar cuenta de que generó acciones, pero tampoco le dio seguimiento y lo metieron a la congeladora”, explica la activista.

La segunda fue presentada por el colectivo Marea Verde Quintana Roo y no ha procedido. La tercera la realizó la diputada Ana Pamplona (PT) y Gracia Alzaga considera que es la más completa porque busca despenalizar el aborto hasta las 12 semanas, modificar la Ley de Salud del Estado para que las mujeres puedan acceder a un aborto libre, seguro y gratuito, y quitar de la Constitución la protección de la vida desde la concepción. Sin embargo, por la misma complejidad de esta propuesta y la situación actual de la controversia, es muy difícil que pase en todas las comisiones que necesitan dictaminarla.  

José Luis Guillén, del partido Movimiento Auténtico Social, presentó la última iniciativa el pasado 2 de septiembre y es la más viable, de acuerdo con la abogada. Contempla sacar el delito de aborto del Código Penal hasta las 12 semanas de embarazo.

“Sí hay voluntad política y Quintana Roo tiene todo para poder despenalizarlo”, opina Alzaga. Recuerda que recientemente el Congreso aprobó la Ley Olimpia que sanciona la violencia digital para quienes realicen contenido sexual sin el consentimiento de la persona, misma que fue trabajado en conjunto con organizaciones feministas.  

“Fuimos al Congreso cuando la aprobaron en el pleno y ese día también aprobaron una iniciativa contra la violencia política por razones de género. Entonces los discursos eran todos a favor de los derechos de las mujeres, y nosotras dijimos: Okay, entonces estás a favor de todos los derechos humanos de las mujeres. Llevamos pañuelos verdes y diputados se tomaron fotos con nosotras, uno de ellos incluso se puso un pañuelo verde. Saben de esa presencia imparable. Todas las feministas del estado estamos todo el tiempo encima de ellos y eso es bien importante”, aclara.  

Ahora, hay diputados que las buscan para trabajar otras iniciativas de acoso callejero. Resume diciendo que Quintana Roo no es un estado tan conservador y que se habla abiertamente de temas como la educación sexual integral.  

Este 28S tienen actividades en Tulum, Cozumel, Playa del Carmen y Benito Juárez (Cancún). Realizarán marchas, concentraciones, pañuelazo y en Cancún proyectarán un documental sobre la lucha por la despenalización del aborto en Quintana Roo. Esperan la presencia de muchas mujeres pues, además de las colectivas y las organizaciones, hay mujeres de distintas edades y contextos que están buscando la despenalización y que acuden a las convocatorias feministas.  

“Nosotras no representamos a las mujeres porque todas las mujeres tienen voz. No todas las mujeres son feministas y no tienen que serlo, existen muchas luchas y que no necesariamente tienes que ser una colectiva para luchar por esto”, finaliza.

 

Campeche: organizar la rabia

Campeche es el único estado de la península que no protege la vida desde la concepción. Liliana Lomelí, Coordinadora del Área de Derechos Humanos del Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche, recuerda que ha habido dos ocasiones en las que esto se ha querido modificar: la primera vez en el 2009, cuando el movimiento feminista no era tan visible como ahora, y aún así se detuvo.

El año pasado, el diputado panista Jorge AIberto Nordhausen Carrizales metió otra iniciativa para proteger a la vida desde la concepción, sin embargo, todavía no hay una resolución al respecto.  

“Nosotras esperamos y seguimos haciendo un llamado a este órgano de gobierno que se detenga esta iniciativa que es violatoria de derechos”, indica.

La misma Ley que se aprobó recientemente en Quintana Roo, la Ley Olimpia, ahora busca aplicarse en Campeche y Liliana destaca que en el proceso, hay una incidencia importante de los colectivos feministas y una mirada descentralizada  para que no se quede sólo en las ciudades de Campeche y Carmen.

“Campeche tiene una historia de lucha que no se ha visibilizado pero que ahora con el movimiento feminista está viviendo en las jóvenes. Siempre ha habido una presencia de organizaciones pero lo que logamos en la manifestación del 8 de marzo nos deja ver que hay una diversidad de mujeres presentes. Quienes tenemos más de 10 años en esto, veíamos que no había una efervescencia que ahora sí”, explica.  

Las redes sociales también han sido una herramienta de comunicación para hacer redes que no se quedan sólo en lo virtual. “Además de la protesta en la calle, que es fundamental, hay que acompañar otras formas de organización. Como nosotras decimos: organizar la rabia. Y es un proceso, no nacemos activistas y tenemos claridad de los pasos, pero sí nos estamos escuchando entre las diversidades de mujeres y eso es esperanzador”, agrega.

Uno de los problemas que comparte con Yucatán es el capital político de las personas antiderechos que están en instituciones gubernamentales y en espacios de toma de decisiones. “Hay funcionarios relacionados con el Frente Nacional por la Familia. Lo que nosotras decimos es que la disidencia es importante, las personas tienen derecho a llevar la vida conforme a sus creencias pero no podemos poner en peligro la vida de mujeres en el estado de Campeche. Las creencias las puedes llevar contigo pero no las puedes volver una política pública”, afirma.

Los índices de embarazo adolescente en Campeche son también un indicador de la falta de educación sexual integral y el reconocimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. El Observatorio ha trabajado en este tema con servidores públicos sobre todo en municipios del interior. “Hay voluntad en regiones no centralizadas porque reconocen el problema en las comunidades, es necesario armar una política integral para discutir el tema y saber a dónde se van los recursos etiquetados para la educación sexual de calidad, y qué resultados está dando. Estamos impulsando políticas públicas medibles, tanto en recurso como en resultado y no solamente en número”, explica.  

Edición: Elsa Torres


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