Municipio de Chichimilá multado por no justificar supuesto desvío de dinero

El municipio Chichimilá deberá abonar 26 mil 064 pesos por dos multas interpuestas por la Auditoría Superior del Estado (Asey), en tanto el de Tinum está a un paso de ser sancionado, según informó este miércoles el titular de la Unidad de Vigilancia y Evaluación de esa entidad, Jonathan Antonio García Ramírez, durante la sesión de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción del Congreso del Estado, ante la solicitud de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC), por no presentar documentación para justificar supuestos desvíos de dinero del erario.

Las legisladoras de MC, Milagros Romero Bastarrachea y Silvia López Escoffié solicitaron, en su momento, un informe a la Asey y a la Vicefiscalía Anticorrupción, perteneciente a la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que ambas instituciones abrieran una carpeta de investigación en contra del alcalde priísta de Chichimilá, Samuel Uc Poot, quien fue denunciado por haber “tomado dinero prestado del erario público”.

Romero Bastarrachea señaló que el edil, presuntamente habría mal utilizado recursos públicos del municipio para fines “personales”, según los regidores de esa localidad.

Algo similar ocurrió con el Municipio Tinum, donde la alcaldesa Natalia Mis Mex fue denunciada por los habitantes de esa localidad por presuntamente haber reportado la entrega de apoyos sociales a nombre de personas que no lo recibieron. Se estima que el desvío sería superior a los 2 millones de pesos.

Con relación a ello, el titular de la Unidad de Vigilancia declaró que a ese municipio también se le notificó la orden de visita domiciliaria requiriendo información, “sin embargo a la fecha no se ha recibido documentación por parte del municipio por lo que, de seguir así, la Asey iniciará el proceso de imposición de multas por el incumplimiento en la atención de la solicitud”.

Otras decisiones

Por otra parte, se aprobó por unanimidad el dictamen por el cual se reforman diversos artículos a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán, signada por la diputada priísta María Teresa Moisés Escalante, donde se establece la posibilidad de que las autoridades puedan realizar acuerdos de colaboración con instituciones para auxiliar y atender solicitudes de protección de datos personales cuando el solicitante hable una lengua indígena y por otro lado se plantea facilitar el procedimiento de verificación que lleva a cabo el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip) respecto al tratamiento de datos personales en las instancias de seguridad, eliminando requisitos innecesarios para realizar de manera eficaz su labor.

El artículo 56 dispone, actualmente, que la unidad de transparencia del responsable deberá auxiliar y orientar al titular en la elaboración de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO, en particular cuando sean propios del pueblo maya, por lo que la legisladora propuso reformar dicho artículo utilizando la palabra indígena por considerar que se torna limitativo al no considerar la existencia de otras etnias en el estado.

Por último, se decidió aplazar para otra sesión el Proyecto de Dictamen de Acuerdo que contiene una nueva terna de candidatas para ocupar el cargo de Comisionada del Inaip, ya que los miembros de la Comisión aún no han alcanzado un consenso.

Edición: Laura Espejo