Por mayoría de dos votos contra uno, las magistradas que integran el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo y Administrativa en el Estado de Yucatán, determinaron, al resolver el expediente A.R. 235/2019, negar el regreso de las operaciones de la empresa porcícola PAPO.
Dicho recurso pretendía levantar la suspensión definitiva que, desde el 9 de octubre de 2018 fue emitida por la Juez Cuarto de Distrito en el estado de Yucatán, quien ordenó el cese de las operaciones de la mega-granja de 49 mil cerdos por los posibles riesgos que su actividad representaba para el medioambiente, el agua y la niñez de las comunidades mayas de esa zona del estado de Yucatán.
Las organizaciones Kanan Ts’ono’ot, Indignación, y representantes de infancia de Homún informaron que aunque los argumentos de la sentencia todavía no se han hecho públicos, esta determinación garantiza la vigencia de la paralización de las actividades de la granja, hasta en tanto se resuelva el recurso de revisión que se encuentra ahora en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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Edición: Laura Espejo
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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