Paul Antoine Matos
La Jornada Maya

31 de julio, 2015

La criminalización penetró ya el tejido social de Yucatán por la violencia que vive el país, lamentó el secretario ejecutivo de la Comisión para implementar la reforma de seguridad en Yucatán, Gabriel Zapata Bello, quien además habló de la reducción de la población carcelaria, con la aplicación del nuevo sistema penal.

Durante la inauguración de la nueva sala de Juicios Orales de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (Unid) "Francisco de Montejo", Gabriel Zapata declaró que aunque los casos de inseguridad representan una criminalización en el estado, aún no se establecer de manera profunda.

En meses recientes la delincuencia ha acaparado las notas en los medios de comunicación, con sucesos como la piratería en Alacranes, la captura del pepino de mar por furtivos, la aparición de drogas en municipios del estado y sonados casos de asesinatos, por lo que el abogado, a pregunta expresa, declar: “Sí bien la criminalización no ha sentado sus reales de manera profunda en Yucatán, sí ha llegado a tocar el tejido social”.

Resaltó que la familia y la escuela son pilares fundamentales en la construcción del tejido social yucateco, por lo que criticó a los padres que dejan a las escuelas la responsabilidad de inculcar valores y prácticas adecuadas en los futuros ciudadanos.

Pidió no olvidar que en el hogar se transmiten esas cualidades. “Se debe poner atención a las tareas de prevención del delito para evitar perder terreno frente a la delincuencia”, exhortó.
Sobre los reportes de pescadores respecto a la existencia de una red criminal en Dzilam de Bravo, que furtivamente capturan pepino de mar e introducen drogas al municipio –como publicó en días pasados La Jornada Maya–, Zapata Bello dijo carecer de información del asunto.

[h2]Se reduce la población penitenciaria[/h2]

En torno a la disminución de reos en las cárceles, Luis Edwin Mugarte Guerrero, juez de control el caso Triay Peniche, reveló que esta baja se ha logrado con la aplicación del nuevo sistema de justicia en Yucatán.

“La población penitenciaria pasó de 2 mil personas a 800 desde que se utiliza este sistema”, afirmó.

“Las opciones que da el sistema para solucionar los conflictos llevan a la reducción de reos. Al existir casos en los que el acusante se apega a la llamada cultura de la paz y solicita sólo una disculpa o reparación del daño”, mencionó.

Eso evita que se gasten recursos públicos y haya sobrepoblación en el Centro de Readaptación Social (Cereso), siempre y cuando los casos no sean de “impacto”, agregó.

Sobre esto, Gabriel Zapata consideró que el nuevo sistema penal ofrece la oportunidad de demostrar que los yucatecos cuentan con servicios de justicia más rápidos y económicos.

“Esto implica a las autoridades del área de justicia y cambios de operadores, como jueces y fiscales”, añadió.

Luis Jorge Parra Arceo, consejero de la Judicatura del Poder Judicial, señaló que la implementación de juicios orales ha transformado la manera de resolver conflictos.

Recordó que Yucatán se encuentra en la última fase de la reforma judicial y el 22 de septiembre próximo entrará en vigor el Código Nacional Único en materia penal.


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