Paul Antoine Matos
La Jornada Maya

Mérida
24 de julio, 2015

Empresarios yucatecos instaron a los gobiernos federal y estatal a resolver el problema de desabasto de gas natural, que afecta al estado desde hace varios meses, pues enfrentan pérdidas económicas que pueden conducir al despido de trabajadores, indicó Nicolás Madáhuar Boehm, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán.

Durante una conferencia de prensa en instalaciones del consejo, Madáhuar Boehm explicó que la explosión en una plataforma de Pemex en la sonda de Campeche, ocurrida en abril pasado, redujo el abasto de gas natural de 150 millones de pies cúbicos diarios a 60 millones.

Ante esto, se recurrió al gas LP, que aumenta costos energéticos 2.7 por ciento, lo cual resulta “impagable para quienes usan gas en los procesos productivos”, expresó. Esto obliga a las empresas a considerar medidas como el cese de producción o el despido de empleados, toda vez que el miércoles se emitieron nuevas alertas de corte de suministro de gas, agregó.

El presidente del CCE comentó que si se actúa rápido se evitará el cese de personal, debido a que el escenario más optimista es que el abasto se restablezca hasta febrero o marzo de 2016.

Aunque no precisó el dato, señaló que son miles los empleos que generan las 15 grandes empresas afectadas, las cuales pertenecen a los rubros de alimentación, maquila, textil y manufacturas pesadas.

Para enfrentar el problema, propuso dos opciones “financiera y técnicamente viables”. La primera es que la Planta Termoeléctrica Mérida Tres de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sustituya el gas natural con diésel y trabaje con él, cuyos resultados serían inmediatos.

Señaló que para la CFE será más caro, pero la empresa eléctrica promedia su costo con las demás plantas del país, por lo que el costo total nacional es “prácticamente imperceptible”.

La segunda es importar gas natural adicional e inyectarlo a la refinería de Pajaritos, mencionó.

Aseguró que es “inquietante que las autoridades” resten importancia a este asunto e instó a los gobiernos estatal y federal a colocar el tema como primer punto de la agenda.

Comentó que se han reunido con Humberto Saldaña Rodríguez, superintendente de la zona metropolitana oriente de la CFE, quien ha sido receptivo a la propuesta del diésel.

“Hemos tenido pláticas con la Secretaría de Fomento Económico de Yucatán; la Secretaría de Energía; el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y esperan el apoyo de diputados locales y federales”, agregó.

[h1]Impulso al sector manufacturero[/h1]

Madáhuar Boehm consideró además que ante la poca competitividad de empresas locales es necesario impulsar el crecimiento económico por medio de la “reindustralización del estado”.

Dijo que debido a la falta de empresas manufactureras en la entidad, 70 por ciento de la población percibe mensualmente 5 mil 400 pesos o menos.

La falta de competitividad se debe a que 66 por ciento del producto interno bruto (PIB) del estado se basa en el sector comercios y servicios, en el que nueve de cada 10 empresas tienen menos de cinco empleados, explicó.

En la entidad 70 mil 296 empresas tienen uno o dos empleados, mientras sólo 16 negocios otorgan trabajo a más de mil personas, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

A pesar de ello, Yucatán es el segundo estado con menos desempleo, detrás de Guerrero, pues cuenta con 26 mil personas en busca de un trabajo, de acuerdo con datos de ese insituto.

Madáhuar Boehm consideró que para reindustrializar el estado se debe romper el status quo para ofrecer mejores condiciones para que las industrias manufactureras locales, nacionales y extranjeras inviertan.

Recordó que durante la pasada visita del secretario de Hacienda (Luis Videgaray) a Mérida, se le solicitó considerar a Yucatán zona económica especial para promover inversiones y mantener el crecimiento de las actuales.

Colocar al estado en esta zona significa que existe un rezago industrial, en el nivel de capacitación y bajo poder adquisitivo, expresó. Señaló que Yucatán requiere un “empujón” fiscal para que se den las condiciones de una industria manufacturera.


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