Carlos Luis Escoffié Duarte
Foto: Fabrizio León Diez
La Jornada Maya

14 de julio, 2015

Es una vergüenza que se haya escapado por segunda vez Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Sin embargo, lo realmente grave no es ni ha sido El Chapo en sí. Brevemente trataré de exponer algunas preocupaciones que algo tendrán que ver con ese personaje, pero no se centran en él ni en su fuga.

El primer lugar, lo que se había logrado en 2013 fue meter en la cárcel a El Chapo, pero no detenerlo. Es decir, la institución al margen de la ley, encabezada por él y socios como Ismael Zambada García y Juan José Esparragoza Moreno, sigue en pie y operando. Y permanece como una de las principales agrupaciones criminales del país (por no decir del mundo). ¿Quién dijo que detener a Guzmán Loera implicaba detener lo que representa El Chapo? Aun si no hubiese evadido la justicia, el cártel de Sinaloa seguiría avanzando sin él, como toda empresa exitosa logra hacerlo ante la pérdida de su principal fundador y operador.

Otro aspecto indispensable a considerar es el tema de la corrupción y la incapacidad estatal. Sí, es verdad, en México hay mucha corrupción, mucha flaqueza en el imperio de la ley. Todo eso es verdad y nadie lo niega. Pero hay que ver la perspectiva completa y señalar que son muchos más gobiernos los que pasivamente demuestran las mismas deficiencias en mayor o menor medida. Que El Chapo tenga tanto éxito en los mercados de las Américas, Europa, África y Oceanía, obliga a creer que ha logrado penetrar los aparatos estatales. En algunos lugares con mayor o menor profundidad, por supuesto, pero donde es ilegal el narcotráfico y un personaje como ése ha adquirido el control de plazas, no puede decirse que todo se resume a la indudable incompetencia de las autoridades de nuestro país.

De acuerdo con la cadena rusa RT, entre las empresas involucradas en los negocios del narcotraficante sinaloense se encontrarían la Compañía Metalúrgica Extractiva (Colombia), Genética del Sur (Uruguay), Línea Aérea Pueblos Amazónicos SAS (Colombia) y Líneas Aéreas Lincandisa (Ecuador), así como empresas en Miami, Madrid, Panamá y “socios clave” en Guatemala, Belice y Honduras. No olvidemos, además, que varios de los altos mandos de cárteles detenidos en México señalan que en países como Panamá realizaban gran parte de su lavado de dinero. De más está decir que el negocio ilegal de armas en Estados Unidos y la distribución para el alto consumo en ese país es de las principales fuentes de recursos para los cárteles mexicanos y de otros países. Las labores deben adoptarse de manera seria a escala regional, incluyendo la posible despenalización de las drogas.

Otro aspecto que he mencionado en este espacio y que no me cansaré de repetir es el hecho de que heredamos prácticas y diseños institucionales de la guerra sucia, las cuales han incentivado la impunidad y la corrupción. En 2000 hubo una transición de partido, pero no una justicia transicional que incluyese purgas al interior del Ejército y los mandos de policía, ni una labor para identificar las bases jurídicas, institucionales y fácticas al interior de las instancias públicas que impidieron la consolidación de un estado de derecho. No es cosa menor, sobre todo si tenemos en cuenta que el narcotráfico en el país, al igual que en muchos otros del mundo, se desarrolló durante el contexto de guerra fría y los esfuerzos por combatir a los movimientos sociales de izquierda.

Por último, quiero señalar que no puede entenderse la escalada de violencia del crimen organizado sin la crisis de derechos económicos, sociales y culturales que impera desde hace décadas en el país, y que fue el contexto de todos los conflictos durante el siglo XX.

Los memes y las notas sobre El Chapo han distraído la atención de la crisis financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre la cual los legisladores ya empiezan a perfilar el discurso para emprender reformas que podrían minar aún más el servicio de salud. Esto se suma a las reformas laboral, energética y la próxima en materia agraria, las cuales han dado marcha atrás a discretos pero importantes avances sociales que tardaron décadas en alcanzarse.

De la misma forma en que la violencia de la guerra sucia o el alzamiento zapatista en Chiapas no pueden ser entendidas sin la crisis de derechos sociales, el narco, al igual que muchas empresas legales de gran calado, encuentran en la miseria grandes insumos para operar y garantizar ganancias. Pero bueno, hay quienes aún creen que limitar el servicio de salud o privatizar ese tipo de sectores es indispensable para otorgar más recursos a una estrategia de combate frontal que no sólo no ha funcionado, sino que en sí misma desconoce el carácter sistemático de aquello que enfrenta.

Twitter: @kalycho


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