Verónica Camacho
La Jornada Maya

Mérida
10 de julio, 2015

La compra de equipo de espionaje que realizó el Gobierno del Yucatán es una práctica que corresponde única y estrictamente a los órganos de inteligencia del estado, siempre y cuando haya de por medio una orden judicial; de no ser así, tendrán que rendir cuentas de esa actividad, reconoció Alejandro Encinas Rodríguez durante el Foro Regional por la Armonización Legislativa: Alcances y Retos de la Ley General de la Transparencia y Acceso a la Información Pública en las Entidades Federativas, que se llevó a cabo el día de hoy en el hotel Fiesta Americana de la ciudad de Mérida como parte de la gira de dicho foro.

“Lamentablemente ese tipo de prácticas, que originalmente deberían ser de inteligencia del Estado, se han convertido en temas de espionaje político y las realizan no sólo gobiernos, estatales y municipales, y empresas privadas, en el caso de espionaje industrial, sino también particulares, que van desde la investigación de una esposa celosa hasta con fines de extorsión”, dijo el senador perredista por el Estado de México.

Por su parte, la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Ximena Puente De la Mora, señaló que la transparencia es una realidad normativa y lo que sigue es ponerla en práctica, garantizando que estas exposiciones se hagan realidad. En México sólo el 6 por ciento de la población hace uso del derecho a la información.

Encinas Rodríguez señaló que con la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se fortalecen las responsabilidades de los órganos garantes, dándoles autonomía constitucional para cumplan con esta responsabilidad en cada uno de los estados.

El senador expresó que a pesar de los cambios a la ley aún hay mucha resistencia en de las autoridades a dar a conocer la información, pero que por eso están trabajando para que exista una cultura por parte de los funcionarios y los ciudadanos en cuanto a la transparencia y acceso a la información.

Encinas comentó que el problema es la omisión y la impunidad que otorga la autoridad, porque sabiendo de este tipo de prácticas no ha actuado contra el espionaje telefónico y la privacidad y la violación de la intimidad y la intimidad de las personas, “es una falla grave del estado, donde el Poder Judicial ha sido omiso e incluso cómplice en muchas ocasiones”.

De todas las denuncias de delitos cometidos, solamente se sanciona el 2 por ciento, dos de cada 10 delitos son los que reciben algún tipo de sentencia y, “hay denuncias por lo menos contra 22 ex gobernadores que en su mayoría ni siquiera se inicia la averiguación y son tan poco sustentadas las resoluciones que alcanza de inmediato su libertad, como muchos narcotráficantes." De acuerdo con Encinas.

Por último añadió que hay que entrar a una cultura de rendición de cuentas, que los ciudadanos son quienes deben fiscalizan el ejercicio de la autoridad, “la impunidad y la corrupción no son sólo la mala actuación de los jueces, también el silencio de los ciudadanos, la tolerancia a la corrupción es muy grande en México, a veces opta por la simplificación administrativa de la mordida en lugar de denunciar al funcionario, por eso no hay que acostumbrarse ni a la corrupción, ni a la violencia, ni a los malos gobiernos, una sociedad que se acostumbra a estas prácticas se degrada a si mismo.


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