La Jornada Maya

Paul Antoine Matos
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Lunes 17 de octubre, 2016

El Estado es el primer constructor de la nación y, en ese sentido, también es el generador de las ideas que sustentan “lo que queremos ser”. Existe un reconocimiento discursivo a los pueblos originarios, que resulta contradictorio con la realidad de exclusión en que viven, declaró el investigador Pedro Lewin Fischer, durante la IV Mesa Redonda del Mayab, en el marco del Festival Internacional de la Cultura Maya (FICMaya 2016), en el Gran Museo del Mundo Maya.

Esa visión de Estado se expresa en el decreto con el que se aprobó el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el 30 de abril de 2014, propuesto por Enrique Peña Nieto.

Ese decreto establece que: “La diversidad implica fragmentación, ello genera condiciones de debilidad política, económica y social. La diversidad viene acompañada de la inequidad, la exclusión, la marginación social, la injusticia y la discriminación. Ello también conduce a un debate inacabado sobre su condición de mexicanos y los mecanismos para atender sus necesidades y promover su desarrollo. La condición de pobreza en la que se encuentra la mayor parte de la población indígena reproduce condiciones de atraso y limita alternativas de desarrollo”.

Esas decisiones de Estado tienen como consecuencia una participación marginal de los pueblos originarios en la administración pública y en los medios de comunicación, indicó Lewin Fisher.

En el caso de la península de Yucatán hay un marcado desequilibrio presupuestal en la educación; para indígena se destinan menos recursos que para la educación formal; a pesar de que existen cientos de miles de niños y jóvenes mayas en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, manifestó.

Hay una contradicción entre las políticas públicas y la realidad de los pueblos originarios; por un lado, hay un reconocimiento discursivo a los mayas y, por otro, como resultado del trato excluyente, “en diez años hubo una reducción del 10 por ciento en el número de personas que hablan esa lengua”, aseveró el lingüista.

Es la lengua lo que fortalece las relaciones sociales; por debe existir una distinta política social en torno a ella, para evitar cometer los mismos errores. Los mismos lingüísticas han sido cómplices de la política restrictiva porque el problema “lo hemos enfocado sólo en términos lingüísticos”, cuando también debe abordarse desde la perspectiva de la práctica social.

Cuestionó si actualmente los mayahablantes se benefician al hablar en su lengua, porque carecen de espacios para expresarse y para ser escuchados en su idioma. Entonces, indicó que hay que “superar el sesgo lingüístico, para pensar en términos de diversidad lingüística, con sus implicaciones políticas y sociales”.


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