Paul Antoine Matos
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Miércoles 28 de septiembre, 2016
Los transportistas del sureste de México exigieron al Presidente Enrique Peña Nieto “apagar el switch” y sacar a Uber del país, bajo la amenaza de luchar y desobedecer las leyes “injustas”, según las palabras del Ángel Morales Zamorano, líder del Frente Taxista Peninsular.
En una asamblea extraordinaria en Mérida, presidida por el secretario general del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), Héctor Billy Fernández Zapata, los taxistas advirtieron que llevarán a cabo una gran rodada nacional hacia la Ciudad de México, con la participación de los agremiados de 22 estados de la República.
Carlos Manuel Sosa Madrazo, coordinador nacional del Movimiento del Transporte Multimodal y miembro de La Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), advirtió a los gobiernos federal y estatales, así como a senadores y diputados, que si Uber no es desterrado de México, en menos de 15 días realizarán una rodada a la capital del país, convocando a más de 60 mil transportistas de la Unión en Defensa de los Derechos de los Concesionarios y Choferes, organización de reciente creación.
Los 22 estados confirmados son: Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Ciudad de México, Estado de México, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Colima, Sinaloa, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz. A ella se sumarán los taxis de 58 aeropuertos del país, agregó.
La exigencia al gobierno es que se escuchen las demandas del pueblo, porque Uber rompe un equilibrio en el sector de transporte, lo cual debe impedirse.
Morales Zamorano enfatizó que “con delincuentes ni se trata ni se negocia”, por lo que ellos tienen el derecho y la preferencia en ofrecer el servicio, debido a que a eso se han dedicado toda la vida.
Afirmó que Uber “concentra la riqueza en unas cuantas manos y distribuye la pobreza”, además de que impide el avance y progreso que deberían beneficiar a la clase trabajadora, la más vulnerable del país.
Declaró que, si no sn escuchadas, desobedecerán “las leyes injustas”, en una lucha unida para “defender el interés de la clase trabajadora. No nos acobardaremos, no importa que nos metan al bote”.
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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