La Jornada Maya

Paul Antoine Matos
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Martes 12 de julio, 2016

En lo que va de 2016, los jueces han abierto entre 30 y 40 carpetas de investigación en relación a violencia policial, porque los imputados alegan que existió alguna agresión contra ellos para obtener ciertas cosas, declaró Ariel Aldecua Kuk, fiscal general del estado, al ser abordado sobre el reciente caso de tortura en Tekax.

Sin embargo, aseguró que se trató de “un caso de excepción” que no debe ocurrir; por tanto, se continuará el trabajo en prevención del delito y protección de los derechos humanos.

El fin de semana circuló en redes sociales un video en el que aparecen policías municipales de Tekax torturando a un hombre, mediante asfixia, ahogamiento y choques eléctricos, para que señale a presuntos ladrones de ganado.

El fiscal general manifestó que “parte del motivo porque se actuó inmediatamente es para evitar viciar esa posible investigación, porque todo lo que se pudiera obtener a través de estos hechos sería ilegal”.

Por ello, se liberó a los detenidos, pero eso no impedirá que continúe la investigación por robo del ganado. Entonces se intentará otra estrategia para esclarecer si participaron o no, indicó ayer, al término de la clausura del diplomado Las víctimas de violencia de género en el nuevo sistema de Justicia Penal en México, llevado a cabo en la Facultad de Derecho de la UADY.

Especificó que la información es que los involucrados en la tortura son elementos pertenecientes a la policía municipal de Tekax.

Aclaró que la renuncia o el despido de Juan Alberto Golib Moreno y Gabriel Puc Maldonado, director y subdirector de la corporación policial de Tekax, respectivamente, y del alcalde Josué Couoh Tzec, no le corresponden a la Fiscalía.

Indicó que inició la investigación correspondiente, con prisión preventiva como medida cautelar, pero el juez de control fijó el viernes para resolver la vinculación a proceso y comenzar con la investigación judicial, así como solicitar la sanción correspondiente.

Afirmó que, de acuerdo a la ley, al ser la tortura un delito especial, los responsables podrías tener una sentencia de hasta 12 años en prisión, y un mínimo de tres años.

Igualmente sostuvo que continuará el trabajo con los 106 ayuntamientos, en cuanto a capacitación y en los procedimientos para salvaguardar la integridad de los ciudadanos que continúan en el proceso.


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