Paul Antoine Matos Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya
Jueves 16 de junio, 2016
Después de que el Senado de la República aprobara ayer la Ley de Responsabilidades Administrativas, que ha sido considerada como “una versión light” de la Ley 3 de 3, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Mérida, Gustavo Cisneros Buenfil, consideró que “es un retroceso y es una muestra de que la demanda ciudadana más importante, que es acabar con la corrupción, no se entiende como tal”.
La madrugada de ayer, los senadores aprobaron la Ley de Responsabilidades Administrativas, cuyas modificaciones propuestas por el PRI y el Partido Verde quitan a los funcionarios, legisladores, jueces, ministros, dirigentes sindicales y, en general, a servidores públicos, la obligación de publicitar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.
La propuesta del PRI-PVEM eliminó la obligación del servidor público de dar a conocer sus ingresos, propiedades, vehículos y cuentas bancarias. En el caso de la declaración fiscal, la obligación es sólo de subir a la Plataforma Digital Nacional la carátula de su declaración impositiva.
En el artículo 29 del adendum a esa ley se establece que: “las declaraciones patrimonial y de intereses serán públicas, salvo los rubros de publicidad que puedan afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”.
La Coparmex a nivel nacional fue una de las principales organizaciones impulsoras en la recaudación de más de 600 mil firmas de ciudadanos en todo México, que exigen mayor transparencia y erradicar la corrupción.
Cisneros Buenfil, entrevistado después de la entrega de reconocimientos a las Empresas Socialmente Responsables, ayer en el Centro de Convenciones Siglo XXI, expresó que “tampoco se trata de ser dramáticos”, existe un avance en la ley; era muy importante la publicación de la declaración de los funcionarios, porque funcionaba para que los ciudadanos supieran cómo y dónde se ejercen los recursos.
Que los partidos políticos hagan caso omiso sobre la corrupción que es la principal preocupación de los ciudadanos, “obviamente se reflejará en los resultados electorales”, respondió al ser cuestionado sobre si la decisión del Senado afectaría en los comicios del 2018.
Indicó que no era “un todo o nada”, por tanto se está mejor que antes, con los elementos aprobados, que son benéficos, como la creación de una Procuraduría Ciudadana, en la que participa un fiscal elegido independientemente, sin estar al servicio del Presidente, eso se convierte en un contrapeso.
El camino a seguir, es ver cómo se implementa realmente la ley, por lo que la sociedad civil tiene que evaluar concisamente lo que sucedió y seguir empujando.
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