Agresiones y tortura

Carlos Luis Escoffié Duarte
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Martes 31 de mayo, 2016

Dos noticias de suma relevancia ocurrieron la semana pasada. La ampliamente conocida agresión de algunos miembros del FUTV contra trabajadores de Uber y la menos difundida muerte de William Roberto Chan Cob en Temax, la cual ocurrió en circunstancias que hacen sospechar tortura policiaca. Si bien cada caso da mucho de qué hablar, para el tema que quisiera abordar en estas líneas poseen más en común de lo que parece.

Para exponer esta idea, quisiera traer al recuerdo algunos otros casos. Por ejemplo, el de Robert Tzab Ek, quien en agosto de 2010 fue hallado muerto en los separos de Tekax, también en circunstancias que obligan a sospechar tortura. O el de las agresiones del 4 de julio de 2011 por la construcción del paso deprimido. O el uso desproporcionado de la fuerza en Chablekal. ¿Cuál es mi punto? Que vivimos en un estado en el que no hay consecuencias cuando los hechos involucran directa o indirectamente a algunas autoridades.

Lo sé. Me van a decir que eso pasa en otros estados. ¿Eso sería consuelo? El peor problema de la autocrítica en nuestro país es que no está destinada al cambio, sino a asimilar un escenario desgarrador. Al igual que otras entidades, podemos hacer mucho para cambiarlo. En el caso de Yucatán, creo que tenemos en frente el último vagón antes de que sea más complicado.

Quisiera proponer que impulsemos mediáticamente una especie de reforma estructural del Estado y de equilibrio de poderes. Vayámonos a la raíz. Permitir que Uber circule no va a garantizar que las agresiones sean castigadas y que las familias de William y Roberth tengan justicia.

Algunas ideas de lo que podría abordar esa reforma: I) independencia total de la Fiscalía, separándola del Poder Ejecutivo; II) descentralizar la justicia del estado y otorgarle más recursos y personal a los juzgados de primera instancia; III) establecer más límites al Ejecutivo a través del Congreso; IV) revisión de los procesos disciplinarios y judiciales hacia altos funcionarios; VI) dotar a la Codhey de mayores atribuciones y mayores requisitos en el proceso de elección de su presidente; y VII) reforzar los controles constitucionales locales que pueden impulsar los ciudadanos; entre otros. El espacio no me permitiría abordar cada punto. Pero la idea es que no sean ni los únicos, ni que sean inamovibles. Pero primero, habrá que decidirse por abordar el debate.

Sé que el lector hará dos reparos a mi idea. Pensará, por un lado, que eso no será una panacea. Efectivamente no, porque las panaceas no existen. Pero podrá sentar bases mucho más sólidas para seguir construyendo. Además, el proceso sería en sí un gran logro al impulsar desde la sociedad una meta encaminada a causas estructurales.

Por otro lado, me dirán que hay muchos aspectos atados a la Constitución Federal. Efectivamente, el debate debe incluir las implicaciones que las reformas tendrían frente al pacto federal. Pero eso no es excusa. Muchas cosas no se han hecho en Yucatán –ni en ninguna otra entidad- no por causas jurídicas, sino de voluntad política.

Impulsar una reforma estructural de Estado y de equilibrio de poderes sería un camino largo y difícil. Pero es eso o esperar a que sigan sucediendo cosas sin consecuencias. En el pasado esta entidad ha sido el origen de reformas inéditas e impensables, desde el reconocimiento de algunos derechos a las mujeres, hasta la creación del juicio de amparo. El único camino ante lo que enfrentamos hoy día es apostarle a lo impensable y comprobar que es posible.

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